El 20 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 62 Sesión Plenaria aprobó por medio de Resolución No. 73/98 la Convención de las Naciones Unidas sobre Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, también denominada como la “Convención de Singapur sobre Mediación”. Esta Convención fue firmada el 7 de agosto de 2019 en Singapur por 46 Estados, incluyendo entre estos a los Estados Unidos y China. Luego de haber depositado sus instrumentos de ratificación los países de Singapur, Fiji y Qatar entre febrero y marzo de este año, la Convención de Singapur sobre Mediación entrará en vigencia el 12 de septiembre de 2020. Actualmente, esta ya cuenta con 52 Estados signatarios, contando además recientemente con Arabia Sauditay Belarús como Estados Parte. Cabe señalar que el Perú aun no es Estado signatario de esta Convención[1].

La Convención de Singapur sobre Mediación (en adelante, “la Convención” o “Convención de Singapur”) reconoce “el valor que reviste para el comercio internacional la mediación como método de solución de controversias comerciales” y señala “que el establecimiento de un marco para los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación que sea aceptable para Estados con diferentes sistemas jurídicos, sociales y económicos contribuirá al desarrollo de relaciones económicas internacionales armoniosas”[2]. 

De esta manera, por medio de la Convención se busca generar un sistema internacional homogéneo para que los acuerdos transaccionales internacionales resultantes de una mediación, puedan ser reconocidos por las cortes judiciales de cualquiera de los Estados Parte para efectos de su ejecución. Es decir, la Convención de Singapur viene a ser para los acuerdos transaccionales adoptados por mediación en cualquier de sus Estados Parte, como lo que la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958) viene a ser para los laudos arbitrales emitidos en un arbitraje comercial internacional en cualquier de sus Estados Parte.

Asimismo, la Convención de Singapur será aplicable para todo acuerdo que resulte de una mediación que haya sido celebrado por escrito por las partes con la finalidad de resolver una controversia comercial, o como lo denomina el Convenio “acuerdo de transacción”, y que en el momento de ser celebrado sea internacional. Para efectos de establecer el carácter internacional del acuerdo de transacción, se consideran dos posibilidades:

«(a) que al menos dos de las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos en Estados diferentes; o             

 (b) el Estado en que las partes del acuerdo de transacción tienen sus establecimientos no es:                                                   

(i) el Estado en que se cumple una parte sustancial de las obligaciones derivadas del acuerdo de transacción; o                                                                      

(ii) el Estado que está más estrechamente vinculado al objeto del acuerdo de transacción» [3].

Para mayor aclaración, el Convenio establece que en el caso que una parte tenga más de un establecimiento, prevalecerá el que guarde una relación más estrecha con la controversia resuelta mediante el acuerdo de transacción, considerando las circunstancias conocidas o previstas por las partes en el momento de celebrar dicho acuerdo[4]. Asimismo, establece que cuando una parte no tenga ningún establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual[5].

Con la finalidad de delimitar adecuadamente su aplicación, la Convención de Singapur aclara que no será aplicable a aquellos acuerdos de transacción adoptados para resolver controversias que provengan de operaciones en las que una de las partes (un consumidor) participe con fines personales, familiares o domésticos, o aquellos acuerdos de transacción relacionados con el derecho de familia, el derecho de sucesiones o el derecho laboral[6]. Asimismo, se dispone que la Convención no será aplicable a:

«(a) aquellos acuerdos de transacción que hayan sido aprobados por un órgano judicial o concertados en el curso de un proceso judicial, y que puedan ejecutarse como una sentencia en el Estado de ese órgano judicial; y  

(b) los acuerdos de transacción que hayan sido incorporados en un Laudo Arbitral y que sean ejecutables como tal»[7].

De esta manera, la Convención busca dejar en claro que no es aplicable para transacciones acordadas como parte de un proceso judicial en alguno de los Estados Parte o como transacciones adoptadas por las partes en un proceso arbitral, en donde suele suceder a veces que se incorporan a modo de un laudo arbitral.

Cabe tener en cuenta también la definición de “mediación” que se incorpora en la Convención, según la cual se debe entender, “cualquiera sea la expresión utilizada o la razón por la que se haya entablado, un procedimiento mediante el cual las partes traten de llegar a un arreglo amistoso de su controversia con la asistencia de uno o más terceros («el mediador») que carezcan de autoridad para imponerles una solución»[8]. Esta definición de “mediación” que brinda la Convención es acorde con lo que se entiende en doctrina sobre esta figura. Al respecto, tal como explica el Dr. Eduardo Ferrero Costa, “[e]n un sentido estrictamente funcional, (…) se puede decir que la mediación es la interposición de una tercera parte en una situación para facilitar o promover el proceso de negociación, a fin de obtener resultados mutuamente aceptados por ambas partes, que de lo contrario no estén en posibilidades de acordar”[9]. Por tanto, “[e]n la mediación, es necesario que las partes en el conflicto estén de acuerdo en ser asistidas por un tercero, para que colabore en la solución del diferendo.”[10]

Por otro lado, la Convención buscando darle una mayor flexibilidad a lo que se entiende por acuerdos de transacción y evitar formalidades muy exigentes, establece que para que un acuerdo de transacción haya sido celebrado por escrito, ello sucede “si ha quedado constancia de su contenido de alguna forma”[11]. Ello, se puede cumplir con una comunicación electrónica, “si es posible acceder a la información contenida en ella para su ulterior consulta”[12]. De esta manera, se busca darle una mayor flexibilidad a los acuerdos de transacción y evitar tantas formalidades para que puedan ser aplicables y reconocidos. 

Además, la Convención establece dos principios generales. Primero, cada Estado Parte ordenará la ejecución de los acuerdos de transacción de conformidad con sus normas procesales y de acuerdo a lo establecido en la Convención[13]. Segundo, si surgiera una controversia sobre alguna cuestión que una parte alegue que ya ha sido resuelta mediante un acuerdo de transacción, el Estado Parte debe permitir a la parte invocar dicho acuerdo de transacción de conformidad con sus normas procesales y en las condiciones establecidas en la Convención, con el propósito de demostrar que la cuestión ya ha sido resuelta[14].