“[…] lo primero que resulta necesario precisar es que el estado de derecho no se alcanzará mediante una reforma de la justicia, pese a que esta, si alcanzara sus objetivos, podría contribuir mucho al establecimiento de aquel. No obstante, el asunto va mucho más allá de reformar la administración de justicia. Ciertamente, nuestros países deben tener un estado derecho, pero este requiere algo más complejo y abarcador que un mejor sistema de justicia; es preciso tener una red de instituciones comprometidas con la eficacia con el estado de derecho y, en la base social, contar con una extendida cultura ciudadana en la que el estado de derecho sea, cuando menos, una aspiración seria«[1].

Una reforma necesaria pero apresurada. Luego de meses de conocer «de boca propia» la podredumbre institucional y moral de múltiples actores del sistema de justicia, como el de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante, el «CNM»), al día de hoy tenemos un proyecto de reforma constitucional ya aprobado y pendiente del siguiente paso[2].

Éste propone cambios en el CNM, el cual ahora pasaría a llamarse «Junta Nacional de Justicia» (en adelante, la «JNJ»). Los cambios aprobados por el Congreso de la República implican precisiones a: (i) las funciones que cumpliría la ahora JNJ; (ii) cómo está conformado dicho órgano; y, (iii) los requisitos que se requieren para ser miembro de la JNJ.

¿Estos cambios son suficientes para tener un mejor sistema de justicia? ¿Permitirá solucionar el grave problema institucional que venimos arrastrando (que no es una crisis)? Creemos que va en el camino correcto, pero no es suficiente. Como señala Luis Pásara, en una opinión en la que expertos y no expertos podemos coincidir, no es posible llamar a la ausencia de institucionalidad como una situación de «crisis»[3]. Estamos viendo las consecuencias de un problema estructural e institucional que ha venido descomponiéndose desde hace varios años. Y los audios de los ex miembros del CNM solo confirman ello.

A continuación analizamos los cambios propuestos.

I.          Algunos antecedentes y conceptos previos

El CNM es el órgano constitucionalmente autónomo que se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular, de conformidad con el artículo 150° de la Constitución Política de 1993.

Desde su diseño constitucional, se señala que éste es independiente y se rige por su Ley Orgánica. Dicha norma es la Ley N° 26397, publicada el 07 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial «El Peruano», la misma que se encuentra suspendida hasta por un periodo de nueve (09) meses, mientras el CNM es objeto de «un proceso de reevaluación y reestructuración de su composición, objeto, funciones y estructura orgánica«[4].

Conforme al actualmente vigente artículo 154° de la Constitución, se puede apreciar que el CNM cuenta con las siguientes facultades previstas expresamente desde la Constitución, respecto de jueces y fiscales: (i) nombrarlos;  (ii) ratificarlos; (iii) destituirlos; y, (iv) extender su título oficial.

La destitución es la medida disciplinaria más grave. En cuanto a los jueces ‒algunos de los cuales han sido protagonistas activos en los audios que han escandalizado a nuestro país‒, la Ley de Carrera Judicial (Ley N° 29277) dispone en su artículo 50° que respecto de ellos pueden aplicarse las sanciones de: (i) amonestación; (ii) multa, (iii) suspensión; y, (iv) destitución.

Las tres primeras medidas disciplinarias, por disposición del artículo 63° de la referida ley, se podían dar de manera compartida, pero ello no era necesariamente claro ni uniforme en el análisis jurídico, pues algunos creían que el CNM solo podía destituir, mas no aplicar ninguna otra medida. Esto fue problemático, pues así como «otorongo no come otorongo», muchos jueces y fiscales se mantenían en sus cargos pese a haber cometido múltiples inconductas, pues internamente sus propios fueros hacían poco o nada al respecto.

En cuanto a su composición, el CNM tenía una composición «plural» pero que no garantizaba los méritos de los miembros ni tampoco que ellos cuenten con rigurosidad técnica. Sin ánimos de ser «excluyente» ni pretender un tecnicismo excesivo, es imprescindible que quienes cuenten con voz y voto en funciones tan importantes (y jurídicas) sean profesionales del Derecho (abogadas y abogados).

¿Estos problemas han sido considerados por la reforma? Ahora lo veremos.

II.       Comparación

Para efectos didácticos, me permito hacer una comparación entre lo que actualmente dispone la Constitución sobre el CNM y lo que propone la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República, con sus respectivos comentarios. Los cambios están en negritas.