Respecto del tema del arbitraje de inversiones, como bien señalan Lew, Mistelis y Kroll, una de las ventajas del arbitraje frente a las cortes nacionales es que el primero es más adecuado para las transacciones internacionales, nos explicamos. En palabras de los citados autores, las partes de un país generalmente no están dispuestas a someterse a las cortes nacionales de otro país o a cualquier corte nacional. Puede ser justificable o no, pero usualmente existe una desconfianza a las cortes extranjeras precisamente porque frente al inversionista se encontraría el Estado cuyo Poder Judicial resolvería la controversia, además de la duda sobre su idoneidad para analizar ciertos contratos internacionales. La neutralidad e independencia del proceso arbitral, establecido dentro del contexto de una sede neutral, es un incentivo del arbitraje como mecanismo de resolución de controversias que surjan de transacciones internacionales. Debido a que las partes de estas transacciones internacionales vienen de diferentes jurisdicciones, con sistemas legales, políticos, culturales y éticos muy distintos, el arbitraje provee un foro en el que todos estos intereses pueden ser protegidos y respetados, mientras que se determina la forma más apropiada para resolver la controversia entre las partes^[5].

Ahora bien, la confianza en el arbitraje como medio de resolución de controversias y el convencimiento en la labor del árbitro como intérprete jurídico permitió que, en primer lugar, se reduzcan los costos de transacción lo cual fomentó un mayor movimiento de capital de inversión a los países que daban esta seguridad. En segundo lugar, le dio la seguridad que necesitaban a los inversionistas más aversos al riesgo y las deficiencias del Poder Judicial de países en vías de desarrollo. Finalmente, como señala Born, el arbitraje facilita y promueve las inversiones pues otorga mayor seguridad[6].

Teniendo claro los motivos por los que se pacta el arbitraje como mecanismo de resolución de controversias, en el marco de una relación Estado-Inversionista, podemos explicar brevemente el caso peruano en el que se abrieron las puertas a las inversiones. Para ello, se ofrecieron garantías tanto en las leyes que promueven la inversión como a través de tratados que disponían como mecanismo de resolución de conflictos el arbitraje. El Estado se vio en la necesidad de otorgar una serie de garantías para los inversionistas que no solo implicaban celebrar tratados bilaterales y multilaterales^[7] a fin de resolver controversias mediante arbitraje, sino también adaptó el ordenamiento para volverlo más amigable a los inversionistas extranjeros y mejorar la práctica arbitral a partir de una ley con mejores directrices a fin de asegurar el cumplimiento del contrato y que podría ser exigido al Estado. Sumado a la incorporación del Estado a la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, en nuestra opinión, se creó un sistema de protección a la inversión que cumplía con las expectativas de los capitales extranjeros para invertir en el país.

La práctica arbitral ha demostrado que estás garantías no denotan parcialidad hacia el inversionista, tomando como ejemplo al Perú, de los 15 casos concluidos ante el CIADI, el Estado peruano ha ganado 5 de ellos y ha perdido 3, los otros 7 concluyeron por acuerdo entre las partes^[8]. Es claro que el arbitraje sirve tanto para el inversionista, para asegurar su inversión, como para el Estado, para asegurar las contraprestaciones debidas por el inversionista en el marco de la relación Estado-Inversionista.

El arbitraje no es una garantía para que el inversionista gane la disputa, sino una garantía de que la controversia va a ser resuelta por un tribunal independiente e imparcial y que las garantías accesorias al arbitraje le permitirán al ganador reconocer y ejecutar el laudo con mayor facilidad. El Estado peruano ha ganado arbitrajes de inversión y ha logrado ejecutar dichos laudos en el extranjero. La culpa de que Tanzania no haya ganado sus arbitrajes no es del arbitraje de inversiones, es de su mala práctica en la relación Estado-inversionista, lo cual evidentemente conduce a una inevitable derrota. Es por ello que no debemos culpar al juego, sino al jugador.