Nicolás Serván

La seguridad en las manos del ejecutivo

Por medio de las facultades delegadas, el ejecutivo quiere solucionar los graves problemas respecto a la seguridad ciudadana ¿Será posible llevar a cabo tamaña empresa?

La inseguridad ciudadana ha alcanzado su punto más álgido en estos últimos meses. Campañas como “chapa tu choro” y la constante delincuencia demuestran el hecho a cabalidad. Asimismo, es posible comprobarlo al buscar la palabra “inseguridad” en el portal web de uno de los diarios más importantes del país, como “El Comercio”. Esta palabra arroja nada menos que 1610 resultados en su búsqueda [i]. Ello se refuerza con una encuesta elaborada a inicios de año por la ONG Lima Cómo Vamos, donde la percepción de inseguridad en la población alcanzaba el 82%[ii]. Estas son, sin dudas, cifras escandalizadoras, alarmantes y sumamente preocupantes. En ese sentido, la dramática situación en la que se encuentra el país, amerita tomar cartas en el asunto, y de esa manera lo concibió el ejecutivo al presentar el Proyecto de Ley 4569-2014[iii], donde pedía la delegación de facultades en materia de inseguridad ciudadana.

La aprobación de dicho Proyecto de Ley se vio traducida en la Ley 30336[iv], que delega al ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La delegación de facultades surge bajo el amparo del artículo 104 de la Constitución Política del Perú, que permite de manera excepcional, transmitir facultad de dictar leyes del poder legislativo al ejecutivo, con el objetivo principal de agilizar el proceso de producción de normas en temas que requieren ser vistos con premura.

Hasta este punto el mensaje que busca transmitir el gobierno es correcto: debemos actuar y tenemos que hacerlo pronto. Es cierto, hemos llegado a una situación donde es necesario tomar medidas radicales e inmediatas; no obstante, las medidas tomadas hasta el momento dejan mucho que desear. Por ello, me  pregunto: ¿se ha analizado el verdadero problema de la seguridad?, ¿se tiene claro qué normas específicas deben ser producidas y cuál será su repercusión a corto, mediano y largo plazo? y finalmente, ¿cómo se va a lograr erradicar el problema produciendo normas en 90 días, si el congreso no ha podido hacerlo a lo largo de los años?

Si se desea conocer las causas de una problema como la inseguridad -porque es lo que debemos atacar si buscamos erradicarlo. –tenemos más de una alternativas. En primer lugar y como método menos complejo, una persona externa al contexto del problema, pero experta en el mismo puede elaborar un informe exhaustivo y autorizado sobre cómo debemos actuar frente a este y de qué manera combatirlo. Por otro lado, el mismo gobierno puede tomar la acción en sus manos buscando los factores comunes que posee el problema y recopilando información de los distintos casos que se producen a diario en el país, para que de esta manera se encuentre el modo adecuado de enfrentar el problema. Sin embargo, hasta el momento no se han mostrado indicios claros de que se haya realizado un análisis al respecto.

El segundo punto se encuentra estrechamente vinculado con el primero debido a que si no conocemos las causas, evidentemente no vamos a saber cómo actuar. Con respecto a ello, conviene decir que, han pasado más de 60 días desde que entró en vigencia la mencionada Ley,  y  hasta el momento solamente  se han publicado los Decretos Legislativos 1180 y 1181 [v]. El primero, busca entregar recompensas para promover y lograr la captura de los miembros de organizaciones criminales, organizaciones terroristas y responsables de delitos de alta lesividad. El segundo, incorpora en el Código Penal el delito de sicariato. ¿Acaso consideran desde el ejecutivo que esas dos normas van a solucionar todo el problema? Cada día nos encontramos más cerca para que finalice el plazo que tiene el ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y desde mi perspectiva, las normas aprobadas no solucionaran la situación.

Para vislumbrar la respuesta del tercer punto me apoyaré en el informe “¿Quiénes son los delincuentes en el Perú y por qué?” [vi]  de Gino Acosta y Carlos Romero. Así, en dicho análisis de la problemática, Acosta y Romero encontraron que los principales factores de riesgo son los siguientes: la violencia familiar, la alta deserción escolar, la presencia de pandillas en los barrios y la libertad para portar armas. Aquellas conclusiones nos proporcionan indicios claros respecto a los temas en los que debemos actuar para atacar el problema de inseguridad. Por ello mismo, considero que será muy complicado restablecer la seguridad solamente por medio de leyes, puesto que el problema va mucho más allá de tener normas estrictas o que regulen los principales hechos delictivos, sino que es un problema social mucho más complejo tal y como lo demuestra el citado informe.

Finalmente, todo lo expuesto me lleva a pensar que si el ejecutivo estuviera elaborando un trabajo académico universitario, en nota de avance del proyecto tendría una desagradable nota desaprobatoria. Esperemos, por el bien de todos los que transitamos las inseguras calles de nuestro país, que al final del trabajo se hayan corregido los errores y el ejecutivo logre pasar esta dura prueba, de lo contrario, corremos el riesgo de ser un país en donde las leyes y el orden social sean simplemente frases graciosas y carentes de sentido.

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