Mesa Redonda

Tema:

¿“Tus derechos terminan cuando comienzan los del otro”? Respecto a la prohibición de Pókemon Go

  • A favor

    40%

    Yaroslav Pino de Pino

    Desde niño nos suelen implantar la frase “tus derechos acaban donde inician los del otro”; esto es algo que olvidamos mientras crecemos, transformando así nuestros derechos y caprichos en materia de protección. De esta manera, llegamos a transgredir los derechos ajenos por medio de nuestras externalidades sin siquiera darnos cuenta. Es en este contexto en el que Pokémon GO y la municipalidad de La Punta con la nueva ordenanza sobre Pokémon GO parecen haber terminado: en un lado se hayan aquellos que defienden su capacidad de normar sobre su distrito alegando un derecho a la paz y tranquilidad y por el otro, personas que reclaman una vulneración a sus derechos fundamentales, alegando así la inconstitucionalidad de la norma por afectar el derecho al libre tránsito, cuando dicha norma ni siquiera se ha aplicado a la fecha.

    Resulta pues primordial analizar la aplicación y creación de la norma no como un proceso meramente legal, sino como uno social por medio del cual la regla se debe crear y adaptar ante un hecho específico obedeciendo un proceso de costo y beneficio para los stakeholders de la norma. Es en este sentido que existen dos puntos que ganan relevancia al momento de analizar el impacto en los actores.  Al respecto, discutiré específicamente la regulación aplicada por la Municipalidad de La Punta, para así demostrar la necesidad de contar con una protección regulatoria en este sentido.

    Antes de pasar a mencionar los dos puntos sobre los cuales se sostiene esta tesis, vale recordar los límites de la ordenanza. En ella se prohíbe el uso de este juego entre las 00:00hs y las 6:00hs tanto para vecinos como para visitantes. Además, se permite jugar en áreas que puedan sostener un alto tránsito y que además están más alejadas de las zonas con una mayor concentración de residentes. En este sentido, vale recordar que la Punta siempre ha sido abierta a recibir visitantes., lo cual se demuestra en las épocas de verano cuando el distrito abre sus puertas a los bañistas, desistiendo de enrejar el área a diferencia de otras municipalidades. Es decir, el Estado reconoce un derecho a la seguridad que se ha aplicado por costumbre en el Estado peruano por medio de la creación de distritos enrejados que limitan físicamente el libre tránsito. Por ejemplo, Casuarinas, Villa La Encantada, etc. Realizo esta aclaratoria ante las alegaciones de discriminación y de una supuesta vulneración a la libertad de tránsito de las que ha sido objeto el Municipio.

    Como primer punto debemos ver el tema de la seguridad en el distrito el cual presenta un carácter preventivo ante la posibilidad de un aumento de actos delictivos. El problema parte de una conglomeración simultánea e inesperada de personas en el distrito. Como todo servicio público, la seguridad ciudadana tiene un límite bajo el cual puede funcionar con eficiencia hasta llegar a un punto en el que no se podrá dar abasto para satisfacer las necesidades de seguridad ciudadana, volviendo así más difícil la capacidad de brindar seguridad en el distrito. Es decir, dado que La Punta no contaba con la expectativa de recibir tantos transeúntes, no se pudo preparar adecuadamente para mantener una zona segura dado que los serenos con los que contaba anteriormente, con la justa daban abasto para satisfacer las necesidades del distrito.

    Considerando que los jugadores de Pokémon GO suelen tener el celular en la mano y por ende andan distraídos, esto significa que se podría generar una mayor incidencia de robos, así como de accidentes de tránsito ocasionados por jugadores irresponsables. Siguiendo con esto, no es sorpresa que, ante la pérdida de eficiencia del servicio de seguridad, se presenta un alza en los niveles de delincuencia y vandalismo dado que la posibilidad de monitoreo se reduce. Como evidencia tenemos el mismo acto de “desobediencia civil” que ocurrió luego de ser promulgada la norma. Decenas de personas fueron a La Punta a buscar pokémones ante lo cual el mismo servicio de seguridad se vio incapacitado de actuar. Dado que no se puede prohibir una actividad que por sí no hace daño a la sociedad, limitar su ejercicio a horarios en los que su fiscalización es más acorde con la realidad del distrito entra en lo razonable.

    Un segundo punto ante la prohibición de esta aplicación es el derecho constitucional de los residentes de La Punta a gozar de paz y tranquilidad en el distrito; es decir, ante todo, debemos recordar que esta es un área residencial, a diferencia de espacios como Larcomar o el parque Kennedy. La aglomeración de personas trae naturalmente bullicio y jaleo, lo que es aceptable en estas zonas comerciales. En el caso de la Punta se ha llegado a tener gran cantidad de personas visitando el distrito a horas superiores de la media noche y con una afluencia superior a lo normal. Aquí es cuando las visitas dejan de ser algo placentero y se vuelven en algo molesto y, por lo comentado antes, difícil de controlar.

    Es en este punto en el cual nos preguntamos: ¿Tiene derecho una persona a descansar en su hogar? Por supuesto que sí y la norma busca proteger este derecho. En este sentido, si bien la medida de la municipalidad podría en ciertos casos específicos ser considerada excesiva en tanto permite la confiscación de celulares para jugadores que hacen bulla y los que no, se debe analizar la racionalidad detrás para una mejor formulación de una regulación futura.

    Para continuar, debemos recordar cómo países anglosajones tienen reglas contra el loitering o vagabundeo. Dichas normas, a diferencia de la norma de La Punta, sí suelen prohibir una libertad de tránsito pues no permiten que una persona se quede en un lugar específico mucho tiempo con la finalidad de reducir el tráfico de drogas y las pandillas, en pro de la seguridad ciudadana. De esta manera, debemos señalar que los derechos no son absolutos y que en tanto los ciudadanos de La Punta han optado por vivir en una zona residencial por todos los beneficios que ello acarrea, sobreponer su derecho a vivir en paz por los derechos de unos cuantos jugadores (que por cierto podrían transitar libremente en el distrito pero no jugar de manera distraída Pokémon GO) desincentivaría la inversión residencial en estas zonas por los motivos por los que no se suele otorgar una licencia de funcionamiento a una discoteca en una zona residencial; es decir, se afectaría desproporcionalmente el derecho de los residentes de la Punta, que solo tienen un lugar para descansar en paz, por el de algunos jugadores de Pokémon GO que pueden ejercer su derecho al juego en el resto de Lima o incluso en ciertas zonas específicas de La Punta.

    Finalmente, no podemos encerrarnos en una verdad única y criticar algo que consideramos perjudicial a nosotros. Toda medida es gatillada ante un hecho especifico, en el caso de La Punta, Pokémon GO y no es solo menester de la administración pública analizar los costos y beneficios de las regulaciones que busca implementar, sino que también de los ciudadanos de mantenernos atentos en esta tarea. Es una obligación moral diría yo, pensar en la repercusión de nuestros actos en la sociedad y pensar hasta qué punto lo que defendemos son nuestros derechos y cuándo empezamos a perjudicar a el derecho de los demás.

  • En contra

    60%

    Eduardo Ubaldo

    Imaginemos la siguiente situación: organizas una fiesta en tu casa, esta se prolonga hasta altas horas de la noche, los vecinos se quejan; no te queda de otra, tienes que bajar el volumen de la música o dar por terminada la reunión. Si no lo haces, el serenazgo puede ir a tu casa y pedirte que des por finalizada la reunión porque el ruido fastidia a los vecinos. Sin embargo, lo que no puede es prohibir que organices una reunión en tu hogar. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaría atentando contra la libertad que tienes de accionar en tu propiedad.

    Esta analogía se presta para graficar lo que sucede con el famoso juego virtual Pokémon GO y sus injustificadas regulaciones como la presentada el pasado viernes 9 de setiembre por el Municipio de La Punta, que restringe jugar Pokémon GO en ciertas zonas[1] y en todo el distrito de 12 am a 5:59 am. Dicha regulación nos hace reflexionar sobre cómo funciona el derecho de la libertad y el de la tranquilidad pública, y cómo ambos derechos pueden coexistir, sin –necesariamente- anteponerse uno sobre otro. Esto es más complejo que el clásico “tus derechos terminan cuando comienzan los del otro”, porque para sobreponer un derecho sobre otro, se tiene que demostrar porque uno vale más que el otro, y en este caso en particular, no se realiza este ejercicio. De hecho, los abogados llaman a esto el test de la ponderación. A continuación, se demostrará por qué no se debe regular a los jugadores de Pokémon GO bajo tres líneas de análisis: la ineficiencia de la medida, la violación al libre tránsito y otras soluciones más sensatas que la prohibición del juego.

    En primer lugar, estas medidas no cumplen su objetivo por la dificultad que existe de demostrar que alguien está jugando Pokémon GO. En este sentido, una persona puede alegar que estuvo navegando por la web o chateando por Whatsapp en cualquier otra red social. El hecho de caminar con el celular en la mano no asegura que una persona esté capturando Pokemones; es más, hay personas que caminan con el celular en la mano y están con él todo el día, sin ni si quiera tener dicho juego descargado en el celular. Para poder aplicar la ley, se tiene que demostrar de manera clara que un ciudadano ha incurrido en una falta, de lo contrario la intervención del Estado sería arbitraria y contraria al derecho, lo que terminaría generando que la regulación sea considerada inaplicable. 

    Países como Israel o Estados Unidos han prohibido el juego para nichos poblacionales, con la finalidad de cumplir fines específicos. En el caso particular de Israel, se prohibió jugar Pokémon GO al Ejército, alegando que estos se distraían y no cumplían bien sus funciones. En Estados Unidos, se le prohibió jugar a los pederastas en libertad condicional en Nueva York, argumentando que protegería a las posibles víctimas, evitando el contacto con los delincuentes sexuales por el juego. En ambos casos, estas personas están plenamente identificadas, ya que uno de los requisitos para poder jugar Pokémon GO es tener una cuenta en Google; las autoridades de los países mencionados cuentan con estos datos por ser personas bajo el control del Estado como el Ejército y los prisioneros en libertad condicional. Además, hay que tener en cuenta que se trata de un grupo reducido, por lo que la supervisión y la aplicación de la ley es más fácil de ejecutar.

    La legitimidad de esta prohibición se basa tácitamente en la seguridad de la población. En el caso del Ejército, su función es dar seguridad, dar un servicio a su nación en la que el Estado cumple un papel fundamental, pues es el que lo dirige. Y en el caso de los reos en libertad condicional, su libertad está condicionada a las medidas que tome el Estado. Así, si el Estado se da cuenta que debe restringirle ciertas acciones a estas personas por el bien de la sociedad, puede hacerlo, y más aún si se trata de abusadores sexuales de menores porque hay un bien mayor que proteger.

    Otros países como China, Arabia Saudí, Egipto, también lo han prohibido, pero para toda la población. Claramente, estos son países con un contexto cultural, social y político muy distinto al Perú. China, por ejemplo, lo prohíbe, pero tiene su propia versión de Pokémon GO, llamada Chengshi Jingling GO. China ya ha demostrado su desarraigo con el pensamiento occidental con el uso de sus propias redes sociales como Renren que es el homónimo de Facebook o Weibo que es como Twitter. Por otro lado, Arabia Saudí y Egipto prohíben Pokémon GO por violar prohibiciones islámicas. La legitimidad de la prohibición del juego en estos países radica en que va en contra de sus propias creencias, lo consideran contradictorio a su cultura y religión. Si bien hasta el momento se ha demostrado que la medida es inaplicable e ineficiente, nos pondremos en un supuesto de “incluso si”, es decir, en el supuesto negado que la regulación sea aplicable y eficiente, igual es negativa y socialmente nociva por el argumento que se desarrollará a continuación.

    En primer lugar, debemos comenzar preguntando, ¿por qué es importante respetar los derechos ciudadanos? Es importante porque si no se respetan se rompe la relación que existe entre el Estado/municipio y el ciudadano. Dicha relación consiste en un intercambio entre deberes y derechos. El ciudadano paga sus impuestos, por ejemplo, y el Estado/municipio con ese dinero construye pistas, colegios, hospitales, etc. Romper este trato conllevaría a un caos social, en un Estado que pierde su objetivo de existencia que es gestionar los problemas de la población y darles la máxima calidad de vida posible, de tal manera que se logre proteger la dignidad humana reconocida constitucionalmente como el fin supremo del Estado. Se convierte en un ente que oprime y controla el accionar de la población, lo cual viola, descaradamente, los principios democráticos. Asimismo, esta relación se puede entender como un contrato social –en palabras de Rousseau- cuya ruptura es el primer paso para la opresión del pueblo por parte del Estado. Se puede prestar para poner excusas para violar la libertad de las personas, lo cual es peligroso porque el Estado pasa a caracterizarse por su tiranía y abuso, cayendo en similitudes con Estados dictatoriales, donde la bandera de la libertad no existe. El cumplimiento y la existencia de los derechos radican en la convivencia armoniosa, un equilibrio que no se debe romper. En este sentido, es fundamental respetar los derechos ciudadanos, no solo porque son derechos, sino por la lógica que existe detrás.

    Este argumento se puede extrapolar aún más, y no solo afirmar que la medida es mala por violar el libre tránsito, sino porque también es injusta. La injusticia radica en que unos están pagando los platos rotos del otro. Las regulaciones cuya base son la tranquilidad pública afectan a personas que juegan Pokémon GO responsablemente; es decir, afectan indebidamente a esas personas que no hacen bulla y que no fastidian a los vecinos, pero que igualmente tendrían que pagar una multa o ver sus aparatos electrónicos confiscados si juegan Pokémon GO a horas supuestamente indebidas por una regulación que no busca sancionar actos en concretos sino a todos los jugadores en general. El Estado no me podría prohibir manejar un carro siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley. Sin embargo, si manejo ebrio y atropellando a la gente sí, porque estaría ejerciendo un derecho irresponsablemente y se quiere evitar una posible afectación a los derechos de los demás, generando desincentivos de conducir en esas condiciones.

    Ahora, ¿la tranquilidad pública no es un derecho también? Sí y precisamente con esta pregunta se responde el siguiente punto a desarrollar. La tranquilidad pública es un derecho ciudadano también, y como tal se debe de respetar. Lo que no se debe hacer es atropellar el derecho de libre tránsito por el de tranquilidad. Existen soluciones más sensatas que la prohibición del juego, que respetan ambos derechos; tal y como se adelantó en la introducción, un sereno puede pedirte que bajes la música, pero no te puede prohibir realizar fiestas en tu casa. Bajo esta misma lógica, la solución no radica en la prohibición del juego, sino en la petición del silencio en general por parte del serenazgo (sean estos jugadores o no de Pokémon GO). De esta manera, no se violaría el libre tránsito y así los vecinos podrían gozar de la tranquilidad que tanto anhelan. Si el ruido continúa, que se le multe al infractor, pero que la razón sea por efectivamente violar el derecho de tranquilidad pública y no simplemente por jugar Pokémon GO.

    Finalmente, se tiene que dejar en claro que la intervención por parte del Estado o del municipio es necesaria y hasta justificada. Se tiene que tener en cuenta que el ruido es una externalidad negativa que afecta a los vecinos. Dada esta situación, quedan dos soluciones posibles: la privada y la pública. Para que se dé la primera, las condiciones son que los costos de esta solución tienen que ser menores a los costos o al perjuicio generado; caso contrario, se debe utilizar la solución pública. Más allá de la dificultad de poder monetizar el ruido originado por los jugadores de Pokémon GO, también se tiene que tener en cuenta los costos de organización por parte de los vecinos y la negociación con todos los jugadores, lo cual resulta complicado. Esto origina que la solución privada quede descartada y se opte por la pública. En este caso, multas por parte del Estado o del municipio. La discusión no radica en la intervención o no del ente público, pues esta es necesaria. La discusión debe basarse en las formas de intervención y sobre cómo la intervención planteada cae en una suerte de opresión e ineficiencia.



    [1] Las zonas autorizadas son: el malecón, la zona circundante del complejo deportivo Walter Choli Gómez, el Malecón Wiese, la zona de La Arenilla, la zona circundante al Coliseo Municipal y el Parque Ostolaza.

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