Estado peruano reconoce matrimonio homosexual

4 de Octubre de 2016 | 12:34

Fuente: Andina

Por Carolina Neyra y Germán Gomez   

El pasado 16 de setiembre de 2016, el Tribunal Registral emitió la Resolución 1868-SUNARP-TR-L, en la que se declaró expresamente el reconocimiento de un matrimonio entre peruanos del mismo sexo en relación con la inscripción de un predio comprado por el representante de los cónyuges.

Al respecto, la controversia surgió pues los señores Christian Brunel y Edgar Sánchez, ambos peruanos, contrajeron matrimonio en Lieja, Bélgica bajo el régimen de separación de gananciales y posteriormente celebraron un contrato de compraventa en el Perú con la empresa Cien X Ciento Construcción S.A.C., el cual pretendieron inscribir ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En una primera oportunidad, contrariamente a lo normalmente esperado, por medio de la Resolución 230-2016 se denegó la posibilidad de inscripción del título pues sorprendentemente este carecía de un certificado de matrimonio debidamente traducido y no necesariamente por ser un acto llevado a cabo por una pareja homosexual. Así, en una segunda oportunidad y después de presentar los documentos correctos ante la SUNARP, se emitió la Resolución 1868-SUNARP-TR-L, por medio de la cual el Tribunal realizó un análisis de Derecho Internacional Privado para concluir, entre otras cosas, que actualmente existe la posibilidad de reconocer la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo en Bélgica. Asimismo, esta posición concluyó que la SUNARP no puede determinar que el matrimonio igualitario es contrario al orden público internacional.

Es importante resaltar un matiz en relación con la interpretación de la Resolución, pues si bien la decisión es positiva en la medida que demuestra un panorama evolutivo en relación con el reconocimiento de derechos civiles a parejas del mismo sexo, bajo una luz más estricta, se podría considerar que la Resolución es limitada, pues la esencia del contrato de compraventa demostraría que su inscripción se podría equiparar más bien a una inscripción de una copropiedad y no a la inscripción de un contrato celebrado a favor de una sociedad conyugal (por ejemplo), pues según los términos contractuales del contrato que se pretendía inscribir, se detalló que la propiedad se dividiría en 50% para cada cónyuge. Así pues, el análisis de fondo se centró en analizar el estado civil de las partes (dado el acto de disposición) como requisito de forma y no de fondo. Sin perjuicio de lo anterior, si bien el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra prohibido por la Constitución peruana, las uniones civiles entre personas del mismo sexo no se encuentran prohibidas en el Perú (sólo que no se encuentran reguladas), por lo que esta Resolución podría ser utilizada como precedente para otorgar inscripciones en registros públicos a favor de uniones civiles entre personas del mismo sexo.

No obstante lo anterior, es rescatable que el Tribunal Registral haya reconocido que la institución de un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero sea compatible con el ordenamiento peruano pues esta posición podría dar pie a que otras instituciones en sede administrativa como la RENIEC o la Superintendencia de Migraciones tomen el ejemplo y efectúen un control de convencionalidad ante procedimientos administrativos y apliquen estándares favorables al reconocimiento de derechos civiles a parejas del mismo sexo[1], en aplicación del principio del principio de no discriminación[2]. Por ejemplo, ante una solicitud específica en sede administrativa, el Estado no puede negar la solicitud simplemente porque la ley lo dice, si es que la solicitud se encuentra amparada en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otro lado, considerando que unas de las discusiones principales que se suelen presentar en el ámbito político es el reconocimiento de garantías en relación con derechos patrimoniales con respecto a parejas homosexuales, la posibilidad de contar con un reconocimiento de la SUNARP en el ámbito jurídico, se presenta como un primer gran paso para satisfacer las necesidades de una población que a la fecha ha tenido que recurrir a estrategias jurídicas en nuestro país con el fin de obtener protecciones similares a las que las parejas heterosexuales ya gozan. Por ejemplo, algunas parejas homosexuales han tenido que recurrir a una adopción entre sí, con el fin de garantizar mejores derechos hereditarios para sí mismos, pues el código civil actual únicamente permite la libre disposición de 1/3 del patrimonio personal.

Como alumnos de derecho felicitamos a los vocales Luis Alberto Aliaga Huaripata, Nora Mariella Aldana Durán y Rocío Zulema Peña-Fuentes del Tribunal Registral, pues no solo han demostrado su habilidad para desafiar paradigmas y aplicar un derecho acorde a los estándares y obligaciones internacionales, sino que a su vez sirven de ejemplo para recordarnos que esta es una carrera de justicia y no de preferencia política.  

Para ver la Resolución, oprima acá: https://www.sunarp.gob.pe/busqueda/jurisprud_res2.asp


[1] Si bien el Tribunal Constitucional ha establecido que no cabe la posibilidad de realizar control difuso en sede administrativa (caso Requena, 04293-2012-PA/TC), algunos autores han sugerido la posibilidad de que, en materia de derechos humanos, los organismos del Estado que imparten justicia tienen el deber de aplicar un control de convencionalidad en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que puedan revisar aquellas normas nacionales que sean contrarias a la Convención, en virtud de la obligación de garantía y respeto de los derechos humanos que tienen los Estados. Para más información, véase Quintana Osuna, Karla, Algunas ambigüedades y retos en el concepto de control de convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

http://www.academia.edu/27013322/Algunas_ambig%C3%BCedades_y_retos_en_el_concepto

_de_control_de_convencionalidad_desarrollado_por_la_Corte_Interamericana_de

_Derechos_Humanos

[2] Véase la Convención Americana de Derechos Humanos, “Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (el resaltado es nuestro).