Ya no se requiere intervención de la fiscalía en procesos contenciosos administrativos

15 de Febrero de 2019 | 7:43

Fuente: Andina

El día de hoy, jueves 14 de febrero de 2018, ha sido publicada en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30914, que modifica la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, respecto a la intervención del Ministerio Público y a la vía procedimental.

Mediante esta norma, ha quedado derogado el artículo 14 de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Procedimiento Contencioso Administrativo. Por consiguiente, este hecho significa la exclusión del Ministerio Público en los procesos Contencioso Administrativos tanto en su rol de dictaminador como de parte.

En relación con lo anterior, se ha modificado el artículo 25 de la referida Ley, con lo cual el “procedimiento especial” se denominará “procedimiento ordinario”. De esta manera, el artículo en mención tendrá la siguiente redacción:

Artículo 25.- Proceso ordinario
Se tramitan conforme al presente procedimiento las pretensiones no previstas en el artículo 24 de la presente ley, con sujeción a las disposiciones siguientes:

25.1 Reglas del proceso ordinario
[...]
Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente queda expedito para dictar sentencia. Las partes pueden solicitar al juez la realización de informe oral, el que será concedido por el solo mérito de la solicitud oportuna.

25.2 Plazos
Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación.
Los plazos aplicables son:
[...]​
f) Quince días para emitir sentencia, contados desde la vista de la causa. De no haberse solicitado informe oral ante el juez de la causa, el plazo se computa desde el día siguiente de vencido el plazo para dicha solicitud.
[…]”.

Asimismo, se ha establecido que los expedientes que aún se encuentren en trámite, pendiente de emitir dictamen fiscal deben ser devueltos al juez de la causa en un plazo no mayor de 15 días. Por último, se ha solicitado al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que adecúe el Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.