Autor:

Juan José Martínez

Derecho Civil Patrimonial

DERUP Editores, Lima 2014

Crédito:

Ryan McFarland, Biblioteca Nacional.

Sumilla:

El profesor Martínez presenta una introducción a lo que son los fideicomisos y analiza la ventajas que traería difundir su utilización en el sector público. Finalmente, otorga una serie de aspectos que deberían ser tomados en cuenta para una regulación futura sobre el tema.

El fideicomiso en el sector público: Apuntes para su posible aplicación en el Perú.

El Fideicomiso es una figura jurídica originada en el mundo anglosajón pero que hoy en día se puede considerar de alcance global. Su versatilidad y ventajas han generado su uso generalizado, no sólo en operaciones financieras sino también en todo tipo de actividades económicas. Hoy en día su uso se ha extendido también al sector público, incluido el Perú; aunque de manera muy limitada.

El presente artículo presenta el contrato de Fideicomiso, sus ventajas así como sus posibles usos por el sector público (como Fideicomitente). A continuación, se discuten las restricciones y retos que presentan las normas de los principales sistemas administrativos en el Perú, en relación a dicho contrato.

  1. I.          El Fideicomiso como contrato del sistema financiero

El Fideicomiso es un contrato en donde participan tres partes: el Fideicomitente, el Fiduciario y el Beneficiario (llamado también fideicomisario). En este contrato[1], el Fideicomitente transfiere sus bienes o derechos (determinados o determinables) al Fiduciario (un Banco o una empresa de servicios fiduciarios), bajo dominio fiduciario; para la constitución de un Patrimonio Fideicometido.

Este patrimonio –transferido bajo dominio fiduciario– está afecto al cumplimiento de un fin específico a favor del Beneficiario (que puede ser el Fideicomitente o un tercero). Corresponde a este Fiduciario el dominio fiduciario. Es decir, que corresponde al Fiduciario custodiar, conservar, administrar, usar, disponer y reivindicar, el patrimonio recibido y destinar, utilizar o aplicar los bienes, derechos o fondos recibidos, al cumplimiento de los fines previstos en el contrato de Fideicomiso.

Como se puede apreciar, los bienes y fondos bajo dominio fiduciario son de propiedad absoluta del Fiduciario. Este no tiene absoluta libertad para disponer del patrimonio Fideicometido. El Fiduciario debe ejercer los atributos recibidos, de acuerdo a lo señalado en el contrato y a las instrucciones del Fiduciante. 

En el Perú, el contrato de fideicomiso es una figura exclusiva o reservada al sistema financiero. Este contrato está regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley 26702, también denominada Ley General) y por la Resolución SBS 1010-99 del 11 de noviembre de 1999 (Reglamento del Fideicomiso y de las Empresas de Servicios Fiduciarios).

Decimos que el contrato de fideicomiso es una figura exclusiva o reservada al sistema financiero, porque no cualquier persona puede suscribir un contrato de fideicomiso y constituirse en fiduciario. Solamente puede ser fiduciario[2] una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), autorizada a actuar como tal.

El contrato de fideicomiso puede adoptar las siguientes modalidades:

a)   Fideicomiso en administración.

b)   Fideicomiso en garantía.

En el Fideicomiso de administración de fondos o de gestión, el Fideicomitente delega al Fiduciario la gestión y administración de los activos que han sido transferidos al Patrimonio Fideicometido. En este caso, el fiduciario es el encargado de realizar todas las acciones de administración de dichos activos, según el encargo o instrucciones establecidas por el Fideicomitente. En este tipo de Fideicomiso se pueden hacer encargos para realizar algún emprendimiento o algún negocio (por ejemplo, edificar un edificio y venderlo). Los ejemplos específicos son innumerables.

Una variante de este tipo es el Fideicomiso de inversión. En este caso, principalmente se transfieren flujos dinerarios, bienes o derechos para que se administren y rentabilicen (aumenten) tales fondos. Otra sub-especie es el Fideicomiso de pagos. En este caso, el Fiduciario debe realizar pagos a terceros, tomando fondos del patrimonio fideicometido.

En el Fideicomiso en Garantía, los activos transferidos sirven de garantía (como colateral) del cumplimiento de obligaciones a favor de uno o más acreedores del Fiduciante o de terceros inclusive. En este contrato, los acreedores adquieren la calidad de Fideicomisarios o beneficiarios del fideicomiso. En este caso, el Fideicomitente puede transferir en Fideicomiso bienes específicos o derechos que van a generar un flujo de fondos a futuro. Las variantes pueden ser muchas, dependiendo de las instrucciones que el Fideicomitente plantee.

  1. II.        Ventajas del fideicomiso

El Fideicomiso resulta una figura atractiva, por las ventajas que legalmente le han sido asignadas.

Una primera ventaja es que el Patrimonio Fideicometido tiene la calidad de “patrimonio autónomo”. Este patrimonio es “autónomo”, porque legalmente los bienes, fondos y derechos transferidos “no están” o “no forman parte” del patrimonio del Fiduciario, Fideicomitente, o Fideicomisario.

En virtud de esta separación o “autonomía”, el Patrimonio Fideicometido no responde por las obligaciones del Fiduciario o del Fideicomitente[3]. En el caso de los Beneficiarios (Fideicomisarios), sus acreedores sólo pueden dirigirse contra los frutos o las prestaciones que se encuentren a disposición de ellos.

Por otro lado, en el Fideicomiso los activos que forman parte del Patrimonio Fideicometido son administrados por el Fiduciario, -exclusivamentede acuerdo a las reglas e instrucciones impartidas por el Fideicomitente en el Contrato. Estas reglas no son rígidas, dado que el Fideicomiso es un contrato flexible. En este contrato, las partes pueden acordar los términos y condiciones que mejor se adecuen a sus necesidades y requerimientos.

Otra ventaja es la contribución que pueda realizar el Fiduciario. Se supone que los fiduciarios siendo instituciones financieras, cuentan con solvencia y experiencia para realizar el encargo[4] que le den los Fideicomitentes (la aplicación y manejo de los bienes y fondos) de la mejor manera. Esto se refuerza por la supervisión que la SBS realiza sobre estas instituciones y que contribuiría a evitar desvíos o comportamientos oportunistas de los Fiduciarios.

Además, el Fiduciario –entre otras obligaciones– debe ejercer las medidas necesarias de protección del Patrimonio Fideicometido. La Ley General señala que el Fiduciario tiene la obligación de defender el patrimonio del fideicomiso, con la diligencia de un ordenado comerciante y leal administrador (Art 256° inc. 1 de la Ley General).

Sin embargo, el Fideicomiso también presenta algunas desventajas. La intervención del Fiduciario para administrar los fondos materia del Patrimonio Fideicometido no es gratuita, requiere el pago de una retribución a esta entidad. Otra desventaja es que el titular de los bienes y fondos (fideicomitente) ya no tiene control sobre ellos ya que los ha cedido en dominio fiduciario. Los recuperará –si así se ha definido– cuando concluya el contrato de Fideicomiso.

  1. III.     Posibilidades de uso del fidecomiso en el sector publico

En este tipo de Fideicomiso, el sector público transferirá bienes, fondos o derechos que son de su titularidad (pública o privada) a un Fiduciario, para que este actúe dentro de los parámetros y el encargo que el sector público le establezca.

Sin perjuicio de las ventajas ya señaladas en el segundo apartado, podemos señalar como ventajas particulares del Fideicomiso, la colaboración que el sector público obtiene de sujetos del sector privado (los fiduciarios). De este modo, el Estado obtiene mayor apoyo para el cumplimiento de su rol.

Otra ventaja la constituyen las ganancias en eficiencia y eficacia que el sector público podría obtener debido a la mejor gestión de los Fiduciarios. Asimismo, el Estado tendría la posibilidad de comparar los desempeños de los Fiduciarios y el de las propias entidades estatales. Esto, por si mismo, ayudaría al Estado a evaluar sus propios niveles de eficiencia y eficacia, y adoptar decisiones correctoras.

Finalmente, los Fideicomisos también podrían servir para que el sector público otorgue “señales” al mercado o al sector privado y obtenga su confianza. Con el Fideicomiso se otorgan señales “creíbles”, dado que: i) se pre-establece el uso y destino de un conjunto determinado de fondos, bienes y derechos del Estado y, ii) se limita el acceso y posibilidades que éste tiene sobre aquellos (ya que son transferidos a un Fiduciario, que es una entidad privada)

A continuación señalaremos algunos ejemplos de uso del Fideicomiso por el sector público, según la clasificación que hemos planteado:

a)  Fideicomiso en administración. En el Fideicomiso en administración, una entidad del sector público podría transferir algún bien (un activo), para que un Fiduciario lo administre (por ejemplo, la administración de inmuebles). Otro caso podría ser la transferencia de fondos (dinero), para que el Fiduciario adquiera un determinado bien. Además, podrían transferirse bienes (activos) y fondos (dinero), para que un Fiduciario preste un determinado servicio (encargado por el Estado). En una magnitud mayor, se podría transferir bienes y fondos, para la elaboración o producción nuevos bienes (por ejemplo, para la edificación de una escuela, de un hospital o de una carretera).

El Fideicomiso de inversión –variante del Fideicomiso en Administración–podría darse si una entidad del sector público transfiere fondos (dinero) o derechos de crédito a un Fiduciario, para que este los rentabilice, mediante la adquisición de instrumentos financieros.

En la variante de Fideicomiso de pagos, se podría transferir fondos o derechos de crédito del Estado, para que el Fiduciario realice pagos a terceros –según las instrucciones de la entidad estatal– contra los fondos que le han sido transferidos. Un ejemplo de esto se podría dar en el marco de una Asociación Público Privada, en donde la entidad estatal transfiere determinados fondos o bienes (activos) al Fiduciario, con la instrucción de pagar al privado (el concesionario), conforme se produzcan avances específicos en la infraestructura. Otro caso podría darse si una municipalidad transfiere a un Fiduciario los fondos provenientes del cobro de arbitrios, con la instrucción de pagar a la empresa concesionaria de limpieza pública.

b)  Fideicomiso en garantía. El Estado podría transferir una cantidad de fondos para “asegurar” o constituirse en garantía de líneas de crédito que las empresas financieras del sector privado otorguen a un determinado grupo que se quiere fomentar, promover o proteger (por ejemplo: agricultores, ganaderos, micro-empresarios, mujeres emprendedoras, etc). Otro caso podría darse en el contexto de un contrato de concesión, donde el Estado tuviera que hacer aportes –en bienes o fondos– a favor del concesionario. En cumplimiento de esta obligación de entrega, el Estado podría otorgar otros fondos a un Fiduciario, con instrucciones de pagar (o indemnizar), si él mismo incumple la obligación señalada.

  1. IV.       Los sistemas administrativos del Estado y el fideicomiso

En principio debemos señalar que el Fideicomiso no es una figura que hoy se encuentre regulada para el sector público. De allí que –en principio– su uso no sea posible para las entidades estatales. Es por ello que en las siguientes líneas revisaremos la regulación de los principales sistemas administrativos del Estado y discutiremos la posibilidad de la incorporación y regulación del Fideicomiso para el sector público.

Como ya hemos señalado, en el Fideicomiso, el sector público transferiría: a) fondos públicos, b) bienes o, c) derechos. Planteamos esta diferencia, porque los sistemas administrativos que aplicarían dependerán de la clase de elementos a transferirse.

En el caso de fondos los sistemas administrativos financieros que revisaremos serán los de Presupuesto, Endeudamiento y Tesorería. Para el caso de bienes, revisaremos el Sistema de Bienes Nacionales.

4.1    El caso de los fondos públicos.

Los fondos (públicos) son ingresos dinerarios del Estado, provenientes de fuentes tributarias, no tributarios o de endeudamiento[5]. Estos fondos están sujetos a los sistemas administrativos de Presupuesto Público, Endeudamiento Público y Tesoro Público[6].

a.      En el Sistema Nacional de Presupuesto Público.

El sistema administrativo de Presupuesto Público no hace referencia expresa al contrato de Fideicomiso. Por el contrario, existen una serie de disposiciones en este sistema, que parecerían bloquear cualquier posibilidad de establecer dicho contrato, como herramienta para el sector público.

En primer lugar tenemos los principios que regulan el sistema presupuestario. Allí encontramos a los principios de Universalidad y Unidad y al de No afectación predeterminada[7].

En función al principio de Universalidad y Unidad, el Presupuesto Público es único y no existen ingresos (fondos públicos) ni gastos (pagados con fondos públicos) exonerados o exceptuados de las reglas presupuestarias. En ese sentido se establece que todo ingreso y gasto debe quedar incluido en el Presupuesto. Por tanto, no pueden existir ingresos o gastos extra-presupuestarios (es decir, fuera del Presupuesto).

El principio de No afectación predeterminada implica que existen fondos pre-asignados (en monto o porcentaje) a un determinado gasto, de manera preliminar o previa al Presupuesto Público. Estos ingresos (fondos públicos) son asignados a gastos, en el Presupuesto Público.

El respeto de estos principios fundamentales del Presupuesto Público impediría utilizar al Fideicomiso como mecanismo para excluir fondos públicos del Presupuesto Público. El cumplimiento de esta regla debería llevarnos a considerar al Fideicomiso como una herramienta para la gestión de los fondos o recursos asignados a una entidad, en el Presupuesto Público.

Por otro lado, pareciera que las reglas de Presupuesto Público solamente consideran la gestión directa de recursos por parte de entidades estatales y son “hostiles” a cualquier mecanismo de coparticipación o de colaboración del sector privado. Señalamos esto, utilizando como indicador el devenir que han tenido los “convenios de administración de recursos”, los cuales podríamos ser considerados como “parientes lejanos” del Fideicomiso.

Originalmente la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto había previsto la existencia de “convenios de administración de recursos” pero luego fueron eliminados[8].

Dado que se trata de figuras legales no previstas en la normatividad presupuestaria, los convenios de administración de recursos y los Fideicomisos requieren de una norma con rango de ley para existir. Por dicha razón, los Fideicomisos actualmente establecidos por el sector público han venido siendo aprobados por Decretos de Urgencia o, en la Ley de Presupuesto[9].

b.      En el Sistema Nacional de Endeudamiento.

El Sistema Nacional de Endeudamiento considera el uso de Fideicomisos, en el marco de operaciones de endeudamiento[10] realizadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, no existe una habilitación general para su uso en el sector público. La referencia o habilitación de uso de Fideicomisos está sujeta a normas específicas y se da caso por caso.

Un ejemplo de este tipo de habilitaciones lo encontramos en los Decretos de Urgencia 028-2009 y 040-2009. Dichas normas establecieron fondos públicos destinados a la creación de Fideicomisos por parte de los Gobiernos Regionales. Estos Fideicomisos servirían para asegurar el reembolso de las operaciones de endeudamiento interno concertados por los Gobiernos Regionales.

En ese contexto, la Ley General ha señalado que las operaciones de endeudamiento que acuerden los Fideicomisos constituidos por los gobiernos regionales y locales se rigen por lo dispuesto en dicha ley. Además, la Ley General ha establecido que el reembolso que corresponda al Gobierno Nacional por tales operaciones de endeudamiento, se realiza a través de un Fideicomiso (Décima y Décimo Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley General).

c.      En el Sistema Nacional de Tesorería

Este sistema se encuentra muy vinculado al Presupuesto. Como éste, el Sistema Nacional de Tesorería contiene reglas que buscan unificar la administración del flujo de fondos públicos[11] que las entidades estatales tienen a su cargo. Con ello se pretende evitar la exclusión de fondos públicos del alcance del Sistema, no pudiendo existir fondos públicos administrados de manera “paralela”.

Para hacer compatible el Fideicomiso con este Sistema, debemos considerar a esta herramienta, no como un mecanismo de evasión o de manejo paralelo de recursos. Más bien habría que considerar al Fideicomiso como un medio o herramienta de administración de fondos públicos, dentro del Sistema de Tesorería.

Así por ejemplo, los fondos públicos a ser transferidos como patrimonio fideicometido tendrían que estar sujetas a los “Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos” y al “Reglamento de Depósitos”[12] dictados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

Adicionalmente, los Fideicomisos podrían ser considerados como un instrumento financiero elegible para la colocación de fondos públicos. Consideramos que estos ajustes serían compatibles con el objetivo de administración de fondos públicos que busca el Sistema Nacional de Tesorería.

4.2    El caso de los bienes y derechos.

La asignación de bienes y derechos de las entidades estatales para efectos de un Fideicomiso estaría sujeto al Sistema Nacional de Bienes Estatales. Este Sistema regula los actos de administración y disposición de los bienes (muebles o inmuebles) de titularidad de entidades del Sector Público, como el usufructo, arrendamiento, afectación, cesión en uso, venta, permuta, superficie, entre otros[13]. Sin embargo, como ya habíamos señalado, el Fideicomiso no es una categoría incluida.

Creemos que sería factible realizar ajustes en la regulación del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ya que actualmente existen algunas categorías que se aproximan de alguna manera al Fideicomiso, como por el arrendamiento, usufructo, cesión en uso y superficie.

  1. V.         Comentarios finales y propuesta para una futura ley

Como hemos visto, hoy en día su aplicación es virtualmente imposible en el Sector Público, salvo los casos de habilitación expresa mediante norma con rango legal.

Proponemos que el Fideicomiso para el Sector Público sea regulado a través de una norma general, que evite la recurrencia a normas legales especiales, cada vez que se quiera utilizar esa figura. Esto, como ya hemos visto requerirá –además– de ajustes en los sistemas administrativos de Presupuesto, Endeudamiento, Tesoro Público y Bienes Estatales.

En ese sentido, el contenido básico de la norma podría ser el siguiente:

  1.  Especificación del tipo de bienes y recursos sobre los que puede establecerse el Fideicomiso. En todo caso, alternativamente podrían establecerse los bienes y recurso sobre los cuales no sería viable la constitución de un Fideicomiso.
  2.  Especificación de los tipos de Fideicomiso. Como hemos visto existen fundamentalmente los Fideicomisos en Administración y en Garantía. La norma debería establecer si para el Sector Público se permiten ambos tipos o sólo uno de ellos.
  3.  La constitución y desarrollo de los Fideicomisos en concordancia y de acuerdo con los sistemas administrativos de Presupuesto, Endeudamiento, Tesoro Público y Bienes Estatales.
  4.  Vinculado a lo anterior, debería establecerse la obligación de reportar la constitución de Fideicomisos a los Entes Rectores de los sistemas administrativos mencionados. Complementariamente sería conveniente el establecimiento de un Registro de Fideicomisos, donde se mantenga información sobre su constitución, bienes o recursos transferidos, beneficiarios o Fideicomisarios, ejecución y desarrollo así como metas y objetivos alcanzados.
  5.  La responsabilidad de la entidad estatal que ocupa la posición de Fideicomitente. Debe quedar claro para las entidades estatales que la constitución de un Fideicomiso no las exonera de vigilar por el buen uso de los bienes y recursos transferidos. En ese sentido, se deberían establecer en las entidades estatales (fideicomitentes), comités de supervisión y vigilancia que específicamente asuman esta labor[14].
  6.  Su constitución mediante una norma jurídica debidamente publicada. En el caso de entidades del Poder Ejecutivo, sugerimos que la norma constitutiva del Fideicomiso sea un Decreto Supremo. Para el caso de los gobiernos sub-nacionales (regionales y locales), deberían utilizarse las Ordenanzas Regionales y Locales.

Queremos finalizar señalando que el Fideicomiso no debería ser considerado como “la solución”, que per se pueda solucionar los problemas de eficiencia y eficacia en el Sector Público. El Fideicomiso debe considerarse como un instrumento más en el arsenal estatal y que podrá ser utilizado, cuando se haya evaluado que es la mejor alternativa para alcanzar los objetivos perseguidos por el Estado.


[1]        Este contrato debe celebrarse por escrito (documento privado) o con protocolización notarial.

El Fideicomiso es un acto jurídico que se inscribe en la SUNARP, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Garantía Mobiliaria, Ley 28677 (art. 32, inc. 3 lit. b.) Esta inscripción es “[…] para los efectos de su prelación, oponibilidad y publicidad […]”. Además, el Fideicomiso puede ser inscrito en la Central de Riesgos de la SBS, para fines informativos.

El plazo de este contrato puede ser de hasta 30 años.

[2]        El Fiduciario no puede ser al mismo tiempo Fidecomisario (esto es, beneficiario del Fideicomiso).

[3]        El patrimonio autónomo protege a los contratantes de los riesgos que éstos pudieran presentar sobre su patrimonio por deudas frente a otros sujetos. Esta autonomía patrimonial hace que dicho patrimonio no esté sujetos a embargos o situaciones de insolvencia o concurso.

Como consecuencia de la autonomía patrimonial, el Fiduciario debe llevar una contabilidad independiente del patrimonio fideicometido.

[4]        Este encargo puede ser realizado directamente por el Fiduciario. Sin embargo, éste también podría contratar especialistas para cumplirlo.

 [5]        Art. 15 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, Ley 28112.

[6]        De acuerdo a la Ley Ley Marco de la Administración Financiera (Ley SAFI), a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

[7]        Estos principios están previstos en el Título Preliminar de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 304-2012-EF.

[8]         La administración o convenio de administración de recursos era una figura mediante la cual una entidad del sector público le transfería parte de sus recursos institucionales (que son fondos públicos) a una entidad fuera del sector público (típicamente un organismo internacional), con la finalidad de que esta organización realice actividades en interés de la entidad del sector público. Originalmente, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley 28411) hacía referencia a las formalidades que debían observarse para la celebración de convenios de administración de recursos (Sétima Disposición Final). Sin embargo, esta disposición fue modificada por la Vigésima Quinta Disposición Final de la Ley 28927 (Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007), suprimiéndose toda referencia a la celebración de convenios de administración de recursos.

Esta alternativa ha sido eliminada por las autoridades presupuestarias, probablemente, bajo la consideración de que las funciones y actividades vinculadas a los recursos transferidos podrían ser desarrolladas por las propias entidades estatales. En este caso se sospecha de que este tipo de mecanismos podría –paradójicamente– generar mayor ineficiencia en las entidades del sector público. Estas mismas críticas podrían aplicarse al Fideicomiso. Sin embargo, estas figuras (el convenio de administración de recursos y el Fideicomiso) constituyen herramientas que en su momento deben analizarse y pueden resultar convenientes por razones técnicas, de oportunidad o de eficiencia.

[9]        Como ejemplos de Fideicomiso –creados de esta manera– podemos citar los siguientes:

  1. Fideicomiso del Programa Piloto Crédito – Beca, constituido con recursos presupuestales de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y autorizado en las Leyes de Presupuesto de los años 2012 y 2013 (Leyes 29812 y 29951).
  2. El Decreto de Urgencia 008-2005 autorizó a las entidades y organismos del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, a constituir fideicomisos con los recursos aportados por los concesionarios o, con los originados por concesiones ya otorgadas. Estos Fideicomisos deberían destinarse a la adquisición de bienes, contratación de servicios, constitución de garantías o a otros actos permitidos por Ley, necesarios para el financiamiento, desarrollo y ejecución, de los distintos proyectos de concesión.
  3. La Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Decreto Supremo 011-2011-MINAM, que establecen un Fideicomiso constituido con las multas aplicadas por infracción de normas ambientales.

[10]       La Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento (cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobad por Decreto Supremo 034-2012-EF) establece que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público puede actuar como  fideicomisario y/o fideicomitente en patrimonios fideicometidos derivados de operaciones de endeudamiento público y de administración de deuda (Artículo 7°).

[11]       La Ley General del Sistema Nacional de Tesorería (cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 035-2012-EF) plantea el principio de Unidad de Caja (Artículo I del Título Preliminar).

[12]       En este orden de ideas debemos mencionar que la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público ha aprobado la Resolución Directoral 016-2012-EF/52.03 (“Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos” y “Reglamento de Depósitos”).

Estos lineamientos establecen reglas para el manejo de activos y pasivos financieros, que incluyen la obligación de comunicar o dar información a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la constitución de un Comité interno de Activos y Pasivos, el establecimiento de Manuales y Estrategias así como el establecimiento de reglas específicas de administración de tales activos y pasivos.

[13]       Este sistema administrativo se encuentra regulado, fundamentalmente, por la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento (Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA)

[14]       Vistos desde la perspectiva económica, podríamos decir que los Fiduciarios son Agentes de un Fideicomitente, que constituye el Principal de dicha relación. Si bien esta relación permite al Principal beneficiarse al expandir sus actividades, su ámbito o mejorar su gestión; dicha relación no es perfecta y también puede presentar distorsiones y problemas.