Autor:

Víctor García Toma

Derecho Constitucional y Derechos Humanos

DERUP Editores, Lima, 2016

Crédito:

El Estado y la libertad de conciencia

I.  El derecho a la libertad de conciencia

Esta facultad se encuentra prevista en el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución; el cual señala que:

"Artículo 2.-

Toda persona tiene derecho:

[…]

3.- A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

[…]".

Sus antecedentes históricos se remontan a las expresiones vertidas por el rey persa Addashir I en el siglo III a.C.: "Sabed que la autoridad se ejerce solamente sobre el cuerpo de los súbditos, y que los reyes no tienen poder alguno sobre el corazón humano. Sabed que, aunque se domine a los hombres en lo que respecta a sus posesiones, no se dominará nunca el feudo de sus mentes".

En el mundo griego aparece en función a las ideas políticas y reflexiones filosóficas expuestas por Sócrates, Aristóteles y sofistas tales como Protágoras, Gorgias, Cálicles y Licofrón.

En el año 311 d.C., el emperador romano Galerio promulga el llamado Edicto de la tolerancia en donde se pone fin a la persecución de los creyente en la fe cristiana a condición que "rueguen a su Dios por nuestra salud, la del Estado y la suya propia para asegurar el bienestar de la comunidad y para que ellos puedan vivir libremente en sus propias creencias".

En el año 313 d.C., el emperador romano Constantino aprueba el denominado "Edicto de Milán", en donde establece que "era necesario arreglar todo lo concerniente a la reverencia debida a la divinidad, para dar a los cristianos y a todos los demás, la libre facultad de su elección"; a fin de que la divinidad "pueda en todos los casos otorgarnos su habitual solicitud y benevolencia". Este tímido paso que consagraba la potestad de la conciencia, será desconocido por su propio autor cuando al optar por la fe cristiana desencadene, posteriormente, una terrible lucha contra el paganismo. Cabe señalar, que dicha atribución se encontraba implícita dentro del reconocimiento de la libertad religiosa.

En ese sentido, como bien afirman Gregorio Peces-Barba Martínez, Eusebio Fernández García y Rafael de Asís Roig la libertad de conciencia "comenzó siendo libertad religiosa y, aún antes, solo tolerancia también en materia religiosa"[1]. Y es que dicha capacidad autodeterminativa no solo consiste en creer y pensar sin ataduras jurídicas, sino sobre todo en actuar de forma coherente con las propias convicciones; amén de poder absolver autónomamente todas las interrogantes de la vida existencial y coexistencial.

Posteriormente, dicha facultad reaparecerá mencionada como expresión de una determinación colectiva en el Acta de Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776); y bajo el rubro genérico de libertad, en la Primera Enmienda de la Constitución de dicho país (1791).

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) se le encontrará inserta en el derecho a la libre comunicación del pensamiento.

José Antonio Souto Paz señala que ambos textos se sustentan en el reconocimiento de la autonomía de la persona y, por ende, en la distinción entre una "esfera individual –innata e inalienable– y la comunidad"[2].

J. Mantecón Sancho afirma que "se reconoce que la libertad de conciencia y de religión constituyen una dimensión ajena a los fines del Estado"[3].

La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II (1967), a través del decreto "Dignidad de la Persona Humana" reconocerá oficialmente la libertad de conciencia como una dimensión de la persona contra la cual no valen ni la razón de Estado ni la razón de la Iglesia.

Cabe advertir que existe una relación de género a especie entre las libertades de conciencia, religión y culto; al extremo de que no puede concebirse a la existencia de estas últimas desligadas de la presencia de la primera. Entre todas ellas existe un presupuesto o premisa que sirve de hilo conductor para su efectivo goce.

La conciencia es la capacidad de percibirse a sí mismo en la adhesión a una idea o creencia. Esta disposición intelectual-espiritual es propia, exclusiva y excluyente del ser humano; dado que solo él puede percibir y adoptar unidades de conceptualización (ideas), así como tener fe en algo trascendente o asumir consideraciones y reflexiones generales sobre los principios fundamentales del conocimiento y la acción humana.

La adhesión a una idea implica la elección de una determinada representación abstracta de un objeto o del mundo que lo rodea. En ese contexto, aparece como la incorporación para sí de una idea, concepto o juicio de contenido filosófico, científico, político o sociocultural sobre las realidades estimativas o deontológicas del mundo y la vida existencial o coexistencial. Plantea una posición intelectual en relación a las posturas que pueden ofrecer las distintas disciplinas del saber humano.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Campbell y Cosans vs. Reino Unido (1982), ha declarado que para que una convicción sea objeto de protección jurídica, debe ser asumida con un grado determinado de vigor, seriedad, coherencia y consideración personal.

La adhesión a una creencia implica la elección para sí de un conjunto de principios que implican declaraciones generalizadas de directivas para la vida en acción. Esta supone un acto de fe o convicción sobre algo considerado como verdadero, en virtud de razones suficientes desde un punto de vista subjetivo.

Dicha adhesión puede ser obra del conocimiento o la percepción.

En nuestro ordenamiento constitucional la denominada libertad de pensamiento es entendida también como libertad de conciencia.

La disposición establecida por el legislador constituyente deja clara constancia que ambas expresiones identifican de manera patente una misma y única realidad. En consecuencia, en nuestro caso, cabe el uso indistinto de estas.

La conciencia es el "espacio de adentro" donde se albergan los resultados del análisis, síntesis, comparación, generalización, abstracción, representación mental, convicción, etc. Esta nos permite generar nuestro propio dictamen o juicio interior, así como adecuar el comportamiento conforme a una electa ideología, idea filosófica o creencia religiosa.

Como exponen Marcial Rubio Correa, Francisco Eguiguren Praeli y Enrique Bernales Ballesteros "El resultado de la libertad de conciencia son las grandes convicciones intelectuales y morales de cada ser humano, que forman un conjunto complejo e individualizable, existente solo en cada uno de los individuos"[4]. Por ende, se vincula con el derecho a la identidad y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Esas ideas y creencias devienen en el continente –ya que "conciernen" el sentido de ser de una determinada manera– de cada vida; ergo, son las que permiten responder las interrogantes siguientes:

-       ¿Quién soy?

-       ¿Cómo quiero ser?

-       ¿Cómo debo actuar?

A la manera de José Antonio Souto Paz podemos decir que ellas son la "Tierra firme de nuestra existencia"[5].

El Papa Juan Pablo II define la conciencia como "el sagrario altar espiritual, donde celosamente se guardan las convicciones de la persona humana"[6].

La conciencia es el "conducto" de conformación ética del propio ser. Ella plantea la confrontación con uno mismo en busca de la autenticidad. Mediante ella se coadyuva a percibirse como distinto en relación a sus congéneres. Deviene en aquel territorio interior en donde el individuo ejerce para sí su "soberanía".

Como expone Dionisio Llamazares Fernández le permite percibir la propia esencia e identidad como persona, por tal al evidenciar ser diferente y distinguible al resto de sus congéneres.

Daniel Capodiferro Cubero refiere que es "el espacio íntimo en el que la persona percibe su propia esencia como tal y como radical libertad más allá de juicios concretos"[7]. Apunta que ella alberga la capacidad para sentirse uno mismo y por consiguiente distinto a los demás.

Hace referencia a una propiedad representativa, característica y singular del ser humano de reconocerse en sus atributos esenciales. Como tal expresa el conocimiento reflexivo de la vida interior y de todo aquello que lo circunda.

Esta libertad consiste en la capacidad de pensar cómo se considere más pertinente. Se le entiende como la facultad de entender o creer interiormente, según el leal saber y entender de cada persona; ello sin interferencia de sus congéneres o del propio Estado. Por tal motivo, deviene en una norma personal, cuando se quiere ser fiel consigo mismo.

Como bien refiere N. Sieira Mucientes: "Se trata de un sistema de ideas o juicios que la persona se forma sobre las cosas, el hombre y la sociedad que le permite obrar como ser racional en el cumplimiento de sus fines"[8].

La libertad de conciencia expone la facultad de optar por una determinada concepción deontológica o racionalmente estimativa de la vida. Ello acera la capacidad para discernir y enjuiciar de una cierta manera los hechos que nos rodean. Excepcionalmente nos impele a asumir una posición de principio-límite, vía el ejercicio de la objeción de conciencia.

La conciencia se encuentra sujeta a la sola autoridad interior. Por ende, no puede ser sujecionada por obra de una legislación heterónoma.

Dicha facultad implica una opción espiritual que se halla fuera del alcance de cualquier reglamentación ajena. En ese contexto consagra la "autonomía del pensamiento"; la cual es lógicamente dinámica en el tiempo.

Es incuestionable que los valores democráticos que aspira plasmar nuestra Constitución, solo son efectivos y no quedan como mera enumeración teórica, cuando en la praxis política y social se respeta dicha libertad.

Es oportuno consignar que en fecha 23 de mayo de 1924 se produjo en nuestro país una expresiva protesta obrero-estudiantil encabezada por Víctor Raúl Haya de la Torre, dirigida a salvaguardar la libertad de conciencia reconocía por la Constitución de 1920, tras la decisión del Presidente Augusto B. Leguía de consagrar a la República al Sagrado Corazón de Jesús; tal y conforme con los mismos fines políticos que había ejecutado el celebérrimo déspota ecuatoriano Gabriel García Moreno.

Dicha jornada de lucha culminó con un decreto arzobispal firmado por el Monseñor Emilio Lissón en donde se señaló la supresión del acto de consagración.

Ahora bien, la libertad de conciencia queda resguardada por la Constitución, contra cualquier acto del Estado o los particulares.

Dicho resguardo se reduce en sus alcances cuando la persona realiza acciones hacia terceros, tendientes a ajustar sus conductas a las propias ideas o convicciones. Así, aun cuando le está permitido actuar de acuerdo con el marco de sus representaciones intelectuales, principios o valores, ello no anula la capacidad de limitación o regulación jurídica. Puede afirmarse que en lo que se refiere a la vida interior esta es gobernada por la conciencia, empero la vida social queda a merced del derecho; el cual en principio admite las manifestaciones de la idea o convicciones personales. Sus limitaciones operan en vía de excepción.

La libertad de conciencia refleja una doble dimensionalidad, a saber:

-       La dimensión interna consiste en la adopción de una determinada posición intelectual ante la vida.

-       La dimensión externa consiste en el agere licere –o sea el atributo reconocido por ley– de representar y enjuiciar la realidad según las personales convicciones, sin sufrir por ello procesamiento ni mucho menos sanción de ningún tipo.

Como bien grabara Domingo Faustino Sarmiento en 1831, en una roca de la Cordillera de los Andes en Argentina (a propósito de su huida a Chile, a consecuencia de la persecución del caudillo Juan Manuel Rosas): "Bárbaros, las ideas no se matan".

En puridad, toda actividad humana efectuada por acción u omisión se encuentra condicionada por la manera de apreciar las cosas que se suscitan a su alrededor. Ello es a su vez consecuencia de su formación ideológica, moral, religiosa, social y cultural.

La formación que el ser humano recibe y asimila termina integrando su sistema de valores; llevándolo a considerar desde su particular perspectiva, el criterio de lo bueno, lo justo, lo bello, lo verdadero, etc.

En ese contexto, todo ser humano necesita de un espacio inexpugnable para poder "vivir" interiormente sus ideas.

Ahora bien, la "autonomía del pensamiento" es prerrequisito básico e inexcusable para el resto de los derechos conexos con ella.

Como señala Ramón Soriano, "Pensar por sí mismo requiere comunicación, libertad para hablar y escribir. El pensamiento esclavo no merece llamarse pensamiento"[9]. A lo que nosotros agregaríamos la potestad de buscar y formar su propia concepción del mundo.

Carlos R. Santos Loyola[10] señala que dicha facultad se concreta de la manera siguiente:

a)    Formación libre de la conciencia.

b)   Dictamen de la razón práctica ante un supuesto de hecho.

c)    Actuación en conciencia.

El propio Ramón Soriano[11] señala además, que, la libertad de conciencia y el resto de las derivadas del hombre como ser espiritual se complementan; ya que en un orden de sucesión continua, la historia acredita que las libertades de expresión, opinión, información y difusión requieren del reconocimiento previo del libre examen de pensamiento.

Una expresión significativa del conflicto dramático del ejercicio de la libertad de conciencia, puede encontrarse de manera notoria, en el caso del filósofo griego Sócrates.

Este fue condenado a muerte obligándosele a beber la cicuta; ya que sus creencias "corrompían" a la juventud ateniense en el sentido de llevarla a extrañas perfecciones en el cultivo de la inteligencia, suprimir la espontaneidad y otorgar demasiada jerarquía a la razón; así como de impiedad por no reconocer la existencia de dioses. Su famoso diálogo con Critón deja constancia de ese hecho.

En el terreno jurídico nacional, es dable advertir que de conformidad con lo establecido en el artículo XII del Título Preliminar de la Ley General de Salud, las razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de las disposiciones de las autoridades de salud, cuando de tal exención se deriven riesgos para el bienestar físico y psíquico de terceros. Por ende, en nuestro país no será admisible hacia otros la materialización de la convicción de la "cura mediante la oración" preconizada por la Iglesia de la Ciencia Cristiana; la misma que prohíbe la utilización de fármacos y la ayuda médica para la prevención y el restablecimiento de la salud.

Dicha convicción podrá operar para la propia persona, pero no podría extenderse a los hijos, como sucedió –con posterior refrendación jurisdiccional– en el famoso caso de Lisa Sheridan en 1968 (Estados Unidos).

Como bien se comentó en los predios periodísticos, la niña Sheridan fue sometida por sus padres a una "curación por oración". El resultado de dicho proceso fue su deceso por falta de atención médica.

Recientemente la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires (Argentina, 2010) resolvió el polémico caso conocido como la pareja ayurvédica.

En efecto, tras la negativa de los padres –practicantes de la medicina ayurvédica– de cumplir con el calendario oficial de vacuna para los bebes, se ordenó al personal médico de un área de sanidad, el aplicar a su vástago la dosis correspondiente bajo responsabilidad.

La medicina ayurvédica (ciencia de la vida) se basa en las tradiciones védicas; esto es, en los textos que fundamentan la filosofía hindú (1500 a.C.).

Esta práctica se orienta al uso de purgativos, lavados, elementos vegetales (hojas, raíces, flores, frutos, etc.), elementos animales (pelos, cascos, excrementos, huesos) y elementos minerales (arsénico, antimonio, etc.). Por ende, no utiliza la ciencia occidental.

El órgano jurisdiccional, sentenció que "el ejercicio de la patria potestad no autoriza a exponer a los hijos a situaciones que puedan ser graves".

1.  El problema de la objeción de conciencia

En la vida social la persona se encuentra compelido simultáneamente por una pluralidad de ordenamientos normativos: el jurídico, el moral, el religioso y el de las reglas de trato social. En ese escenario, puede aparecer a consecuencia de una colisión normativa, la denominada objeción de conciencia.

Esta impugnación se plantea cuando el conflicto entre normas es irresoluble por sí mismo.

La objeción de conciencia es un atributo derivado de la libertad de conciencia.

Daniel Codiferro Cubero señala que se trata "de una reacción y exteriorización de conflictos entre las convicciones de la persona y la norma jurídica"[12].

Dicho instituto hace referencia a la negativa por razones de arraigada convicción, al sometimiento de una conducta exigida por el Estado. Así, por consideraciones ideológicas, filosóficas o religiosas, una persona puede abstenerse de cumplir una actividad determinada por la ley, sin perjuicio del respeto que guarde con el orden político-jurídico en general.

Como refiere en parte, Carlos María Bidegain[13] es una forma de desobediencia que se distingue por la existencia de acentuados imperativos que provocan en el sujeto, el rechazo a actuar de acuerdo con lo previsto por el cuerpo político.

La referida objeción se produce como respuesta a una importante y comprometida impugnación de conciencia y en modo alguno como simple emanación de un estado de ánimo o expresión volitiva en donde la trasgresión de la norma ocurre para satisfacer un capricho o un interés subalterno.

Este instituto alude a una acción de oposición moral al cumplimiento de una decisión política o una norma jurídica establecida por el Estado.

El valor ético de esta impugnación es de tal magnitud, que ha alcanzado juridificación en algunos estados democráticos. En ese contexto, el objetante plantea, cuando es posible y en aras de no desatender sus obligaciones ciudadanas, el canje de la prestación observada por otra compatible con sus ideas o convicciones más arraigadas.

José López Guzmán describe dicho instituto como "el incumplimiento de una obligación de naturaleza personal cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia, o si se prefiere de sus principios de moralidad"[14].

Miguel Carbonell se formula la interrogante siguiente: "¿Debemos cumplir una ley que nos obliga a dejar de lado nuestras creencias […] más profundas?"[15].

Al respecto, no debe olvidarse que la libertad de conciencia supone el atributo de obrar de modo conforme a los imperativos de aquella. Ello en aras de plasmar una vida congruente entre aquello que se cree y lo que se practica.

Así, la objeción de conciencia puede implicar –según el sistema político-jurídico donde se produce– una doble percepción. En la primera, puede alcanzar una "comprensión" acerca del origen y fines de la aptitud del objetante; y sin que ello signifique su convalidación jurídica, llevar a la flexibilidad estatal en el tratamiento del asunto. En la segunda, puede convertirse en el ejercicio excepcional de un derecho, lo cual implica su convalidación jurídica.

La objeción se traduce en un acto estrictamente individual respaldado por una moral personal –que, por tal, es autónoma y subjetiva– de rehusarse al cumplimiento de una decisión política o una norma jurídica emanada del cuerpo político; vale decir, como expone Susana Mosquera Morelas consiste en "dejar de hacer"[16].

Gerardo Laudrave Díaz[17] afirma que la objeción de conciencia supone un rechazo a las obligaciones impuestas por el orden jurídico; el mismo que se fundamenta en la intensidad de una conciencia individual.

La objeción de conciencia avalada por el propio orden constitucional, permite a un ciudadano particular y concreto resolver el dilema que se le plantea entre la fidelidad a un deber moral de cumplir con sus convicciones personales y la realización de un deber político jurídico de carácter genérico.

Entre los elementos constitutivos de la objeción de conciencia aparecen los siguientes:

a)    El ejercicio o manifestación individual de una objeción de conciencia.

b)   La impugnación de una obligación jurídica general e imperativa.

c)    La excusa de no cumplimiento se ampara en la fidelidad a una idea o creencia; la cual deviene en inseparable de la identidad de la persona.

d)    La excusa de no cumplimiento, en modo alguno debe perjudicar los derechos de terceros.

En consecuencia, la objeción de conciencia se percibe como:

a)    La negativa apunta a incumplir lo dispuesto en un mandato jurídico, por ser contrario a la propia conciencia.

b)   La negativa apunta a resguardar la identidad espiritual del objetante.

Es dable advertir que la objeción de conciencia que tiene como límite el respeto a los valores, principios y bienes constitucionales. En consecuencia ella opera en el marco de la normatividad infraconstitucional, salvo que el texto supra permita una inobservancia en relación a un ámbito de él mismo.

La historia registra que si bien en el pasado fue planteada como un medio de defensa de la conciencia religiosa frente a la intolerancia de los estados confesionales o de la convicción filosófica ante los conflictos armados, en la actualidad comprende situaciones tales como: tratamientos médicos para preservar la salud o la vida; la obligatoriedad del servicio militar; la obligación funcional de participación en prácticas abortivas; la obligación del pago de tributos con fondos asignables a un fin específico y repugnante según la ética de un contribuyente; el cumplimiento de determinadas obligaciones laborales; la no reverencia a los símbolos patrios; la negativa de venta de determinados productos farmacológicos (preservativos, píldoras anticonceptivas, etc.).

En suma, la objeción de conciencia pretende lo siguiente:

-       Congruencia entre los actos político-jurídicos (obediencia ciudadana) y la convicción arraigada de un ciudadano o súbdito, en la esfera de la manifestación de la conducta social.

-       Exoneración del deber político-jurídico en sí mismo.

-       Eventual concesión alternativa de una prestación o carga pública sustitutoria, cuyo paradigma se sustenta en el incondicional respeto de la dignidad humana.

Ello desemboca en actividades subrogatorias en servicios sociales, conservación del medio ambiente, alfabetización, promoción cultural, servicios sanitarios, etc.

2.  Las diferencias entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa

Entre ambos derechos existe una relación de género a especie, al extremo que no puede concebirse a la segunda sin la existencia de la primera. Empero, ello no obsta para determinar sus diferencias más significativas.

Tal como lo expresó el Tribunal Constitucional en el caso Lucio Rosado Adanaque (Expediente 00895-2001-AA/TC) aun cuando entre ambos derechos pueden confluir algunos de sus postulados, en puridad tienen aspectos distintivos.

El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente el propio marco de referencia de ser y actuar de manera tal, que aquel autoalineamiento se vea exento de intromisiones de cualquier tipo.

El libre desarrollo de la personalidad implica que en el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en valores o principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas.

El Estado Democrático y Social de Derecho resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve perturbación o imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues, justamente, una condición intrínseca al ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas de la minoría.

Esta facultad permite "desatar" la interrogante de la vida existencial y coexistencial.

Por otra parte, la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo a formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y hasta de practicar el culto.

Esta facultad permite obtener una respuesta personal acerca de su trascendencia y destino ultramundano.

En puridad, la libertad de conciencia está más vinculada a la libertad de ideas; mientras que la libertad de religión está ligada a la libertad de creencias.

Dionicio Llamazares Fernández[18] ubica al período de La Ilustración (siglo XVIII) como el "tiempo" en donde se produce dicha diferenciación. En este lapso conocido como "El siglo de las luces" se planteó la tesis que la razón y la experiencia sensible son capaces de revelar las incógnitas del mundo, así como promover el progreso de la humanidad.

Como movimiento intelectual, la Ilustración propugnó la confianza en el uso de la razón, la defensa de la libertad, la tolerancia religiosa y el optimismo ante el futuro.

Es allí donde surge el proceso de la autonomía de la noción verdad.

Así, para Dionicio Llamazares[19], la verdad científica deja de tener fundamento en el dogma de la verdad revelada en un libro o en los anuncios de un profeta. La religión deja de ser el criterio ulterior de explicación de todo lo humano; de allí que la razón pasa a ocupar ese lugar y es a partir de ese momento, en donde se gesta la distinción entre la ciencia y la fe.

A ello, coadyuva, que el poder político desdeñe basar su legitimidad en el designio divino.

En ese mismo contexto, se despliega la libertad ideológica; la cual aparece como una cosmovisión política o social acerca del hombre, el Estado y la sociedad, así como la libertad filosófica como consideración explicativa de hechos o ideas espiritualistas, fenomenológicas (psíquicas o parasicológicas), etc.

En puridad, la libertad de conciencia está más vinculada a la opción de alguna representación intelectual referida al conocimiento de algo; mientras que la libertad religiosa a la opción de aceptar como verdadera alguna proposición que hace referencia a algo "supremo" y espiritualmente trascendente.


[1] Peces-Barba Martínez, Gregorio, et al, Historia de los derechos fundamentales, Universidad Carlos III, Madrid, 2003. 

[2] Souto Paz , José Antonio, Comunidad política y libertad de creencias, Marcial Pons, Madrid, 2007. 

[3] Mantecón Sancho, J, El derecho fundamental de libertad religiosa: Textos, comentarios y bibliografía, Eunsa, Pamplona, 1996.

[4] Mantecón Sancho, J, El derecho fundamental de libertad religiosa: Textos, comentarios y bibliografía, Eunsa, Pamplona, 1996.

[5] Mantecón Sancho, J, El derecho fundamental de libertad religiosa: Textos, comentarios y bibliografía, Eunsa, Pamplona, 1996. 

[6] Quintanilla Young, Víctor y Cuba de Quintanilla, Vilma, Pensamiento y refranes seleccionados y clasificados, Princeliness, Lima, 1989. 

[7] Capodiferro Cubero, Daniel, La objeción de conciencia: estructura y pautas de ponderación”, Bosch, Barcelona, 2013.

[8] Sieira Mucientes, N., La objeción de conciencia sanitaria, Dykinson, Madrid, 2000.

[9] Soriano, Ramón, Las libertades públicas, Tecnos, Madrid, 1990. 

[10] Santos Loyola, Carlos R, “Libertad de conciencia y laicidad del Estado en el modelo constitucional peruano". En: Gaceta Jurídica, Lima, 2010.

[11] Santos Loyola, Carlos R, “Libertad de conciencia y laicidad del Estado en el modelo constitucional peruano". En: Gaceta Jurídica, Lima, 2010.

[12] Codiferro Cubrero, Daniel, La objeción de conciencia: estructura y pautas de ponderación, Bosch, Barcelona, 2013. 

[13] Bidegain, Carlos María, Curso de derecho constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001.

[14] López Guzám, José, La objeción de conciencia farmacéutica, Ediciones Internacionales Universitarios, Barcelona, 1997. 

[15] Carbonell, Miguel, “La libertad religiosa como derecho fundamental”. En: Gaceta Constitucional, tomo 5, mayo 2008. 

[16] Mosquera Morales, Susana, El derecho de libertades de conciencia y de religión en el ordenamiento peruano, Universidad de Piura, Piura, 2005.

[17] Laudrave Díaz, Gerardo, Derecho de resistencia, desobediencia civil, objeción de conciencia e insumisión, Editorial Artes Gráficas, Madrid, 1989.

[18] Laudrave Díaz, Gerardo, Derecho de resistencia, desobediencia civil, objeción de conciencia e insumisión, Editorial Artes Gráficas, Madrid, 1989.

[19] Laudrave Díaz, Gerardo, Derecho de resistencia, desobediencia civil, objeción de conciencia e insumisión, Editorial Artes Gráficas, Madrid, 1989.