Autor:

Tribunal Constitucional

Propiedad Intelectual y Comercio Exterior

DEREUP Editores, Lima 2015

Crédito:

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Expediente 02383-2013-PA/TC

         JUNÍN

ELGO RÍOS NUÑEZ

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Nuñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y EspinosaSaldaña Barrera pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Sardón de Taboada, el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini y el fundamento de del magistrado Urviola Hani, que se agregan.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elgo Ríos Nuñez contra la resolución expedida por la Primera Sala Mixta Descentralizada de La Merced — Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 769, con fecha 13 de marzo de 2013, que declaró improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 22 de julio de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Proyecto Especial Pichis Palcazú (PEPP), solicitando que se le restituya en el cargo de responsable de tesorería que venía ocupando. Manifiesta que ingresó a laborar para la entidad emplazada el 15 de noviembre de 2006, y que desde esa fecha no fue objeto de llamadas de atención o de suspensiones, hasta que, mediante la Resolución Directoral N° 104-2009-AG-PEPP-CD/DE, de fecha 16 de marzo de 2009, se le sancionó con seis meses de suspensión; y luego, a través de la Resolución Directoral N° 149-2009-AG-PEPP-CD/DE, de fecha 11 de mayo de 2009, fue suspendido por tres meses, pese a que los hechos que sustentan las supuestas faltas que se le imputaron habían ocurrido en el año 2008, por lo que se ha trasgredido el principio de inmediatez.

Por otro lado, el actor sostiene que las sanciones que se le impusieron fueron una represalia por su afiliación al Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Pichis Palcazú, en el mes de enero de 2009, fecha desde la cual se iniciaron en su contra actos de hostilización y amenazas de ser despedido por la comisión de faltas graves si no renunciaba al sindicato. Ese ultimátum se concretaría en diciembre de 2009, momento en el cual vencen las suspensiones de las que fue objeto y, además, coincide con el vencimiento del plazo de duración de su contrato de trabajo para servicio específico, lo que configuraría un despido fraudulento.

Asimismo, refiere el recurrente que sus contratos de trabajo a plazo fijo se desnaturalizaron, debido a que en el desempeño de los cargos de especialista en abastecimientos, tesorero y Jefe de la Oficina de Administración que ejerció, realizó labores de carácter permanente. Por ello, en aplicación del principio de primacía de la realidad era un trabajador a plazo indeterminado.

 Afirma el demandante que el accionar fraudulento de la entidad demandada vulnera sus derechos al trabajo, a la tutela procesal efectiva, a la igualdad, a la libertad sindical, al honor y a la rectificación de información, así como el principio de inmediatez.

El Director Ejecutivo del Proyecto demandado propone las excepciones de litispendencia, falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción; y c ntesta la demanda en la que señala que no existió despido, sino la suspensión perfecta d las labores del actor por habérsele impuesto una sanción disciplinaria, por lo que su vínculo laboral permanecía vigente. Refiere que las sanciones impuestas al actor fueron resultado de un proceso investigatorio llevado a cabo conforme a ley.

El Juzgado Civil Transitorio de La Merced, con fecha 17 de enero de 2012, declara infundadas las excepciones propuestas; y con fecha 12 de setiembre de 2012, declara infundada la demanda, por considerar que los procedimientos investigatorios y las sanciones impuestas al actor se efectuaron conforme al Manual de Procesos Investigatorios de la Sede Central de Proyectos Especiales y Programas de Inversión del INADE, porque no se ha comprobado que las sanciones impuestas sean consecuencia de su afiliación sindical, y porque el supuesto despido fraudulento no puede ser ventilado en el proceso de amparo, por existir hechos controvertidos que requieren contar con una etapa probatoria.

La Sala revisora, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por estimar que el cuestionamiento de las resoluciones administrativas que sancionaron al actor debe ser dilucidado en la vía del proceso contencioso administrativo, pues éstas dispusieron la suspensión del trabajador en sus labores y no su despido; precisando, además, que no se ha acreditado que las sanciones tengan relación con las actividades sindicales del demandante.

FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio

  1. El objeto de la demanda es que se restituya al recurrente como trabajador a plazo indeterminado en el cargo de responsable de tesorería que estuvo ocupando, por haber sido víctima de un accionar fraudulento que finalmente ocasionaría su despido. Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso a la tutela procesal efectiva, a la igualdad, a la libertad sindical, al honor y a la rectificación de información y al principio de inmediatez.

§2. Consideraciones previas

  1.  En atención a los criterios jurisprudenciales establecidos por este Tribunal, en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido despedido arbitrariamente. Asimismo, resulta pertinente precisar que, si bien el actor ha alegado la vulneración de varios derechos constitucionales, a criterio de este Tribunal sólo resultan pertinentes para dirimir la ¡iris, y, por lo tanto, serán materia de análisis los derechos a la libertad sindical, al trabajo y al debido proceso, así como el principio de inmediatez.

§3. Análisis del caso concreto

§3.1. Sobre la afectación del derecho al trabajo

§3.1.1. Argumentos del demandante

  1.  El actor sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo, porque considera que las sanciones de suspensión de sus labores que se le impusieron tuvieron como objetivo finalizar fraudulentamente su vínculo laboral. Ello por cuanto el término de dichas sanciones coincidía con la fecha en que vencía su último contrato de trabajo para servicio específico.

§3.1.2. Argumentos de la demandada

  1. La parte demandada argumenta que las sanciones impuestas no implicaban la ruptura del vínculo laboral, sino la suspensión perfecta de labores, conforme al artículo 11° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.

§3.1.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional

  1.  En relación a la invocada afectación del derecho al trabajo, y la consiguiente reposición laboral solicitada por el demandante, cabría preguntarse, si a la luz de la causal de improcedencia establecida en el inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional dicha pretensión debe ser resuelta por la vía del amparo o si, por el contrario, debe ventilarse en la vía del proceso laboral.

 

  1.  Al respecto, es necesario tener en cuenta que si el Tribunal Constitucional tiene enunciado un precedente constitucional referido a la procedencia de los amparos en materia laboral (STC Exp. N° 00206-2005-PA/TC), procederá a revisar su contenido, atendiendo básicamente a dos cuestiones de la primera importancia: (1) que, en aras a la seguridad jurídica y la igual aplicación del Derecho, debe existir regularidad y predictibilidad en la aplicación de la causal de procedencia prevista en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, esto es, con respecto al análisis de cuándo existe una "vía igualmente satisfactoria"; y (2) que actualmente es necesario tener en cuenta lo regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, al analizarse lo que puede conocerse en la vía constitucional o en la vía ordinaria; norma que aún no formaba parte del ordenamiento al emitirse el mencionado precedente

  

§3.1.4. Criterios para determinar cuando existe una vía ordinaria igualmente satisfactoria

  1.  Del inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional se desprende que procede acudir a la vía especial y urgente del amparo para solicitar la protección de derechos fundamentales si no existe una vía ordinaria (específica) que sirva de igual o mejor modo para la tutela de los mismos derechos: es decir, si no existe una "vía igualmente satisfactoria".

 

  1. El examen de esta causal de improcedencia no supone verificar, simplemente, si existen "otras vías judiciales" mediante las cuales también se tutelen derechos constitucionales, sino que debe analizarse si tales vías ordinarias serían igual o más efectivas, idóneas o útiles que el proceso de amparo para lograr la protección requerida.

 

  1. Esta afirmación es particularmente importante en nuestro medio, donde todos y cada uno de los jueces tienen el deber de asegurar la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales, constituyendo el primer escalón de tutela.

 

10. En este orden de ideas, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la Resolución Administrativa de la Sala Plena N° 252-2007-P-PJ, de fecha 30 de octubre de 2007, acordó «[r]ecomendar a los distintos órganos jurisdiccionales del territorio de la República en cuyo conocimiento se ponga una demanda de Amparo, tener en cuenta los siguientes criterios establecidos a nivel doctrinario y jurisprudencia' para la determinación de si se está ante una vía "Igualmente satisfactoria":

 

- Irreparabilidad del daño al derecho invocado si se recurre a los medios ordinarios de protección;

- Probanza que no existen vías ordinarias idóneas para tutelar un derecho (acreditando para ello evaluaciones sobre la rapidez, celeridad, inmediatez y prevención en la tutela del derecho invocado);

- Análisis del trámite previsto a cada medio procesal, así como sobre la prontitud de esa tramitación; y

-Evaluación acerca de la inminencia del peligro sobre el derecho invocado, la adopción de medidas o procuración de los medios para evitar la irreversibilidad del daño alegado o acerca de la anticipación con la cual toma conocimiento de una causa».

11. Estando, entonces, a la insuficiencia y falta de claridad de las reglas orientadas a determinar cuándo una vía ordinaria resulta igualmente satisfactoria para la protección de un derecho fundamental, corresponde a este órgano colegiado precisar este aspecto con detalle, estableciendo a estos efectos un precedente constitucional que estandarice el análisis sobre la pertinencia de la vía constitucional que exige el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional.

 

12. Sistematizando la jurisprudencia vigente de este Tribunal, puede afirmarse que existen dos perspectivas para entender cuándo una vía puede ser considerada "igualmente satisfactoria": una objetiva, vinculada al análisis de la vía propiamente dicha (vía específica idónea); y otra subjetiva, relacionada con el examen de la afectación al derecho invocado (urgencia iusfundamental).

 

13. Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía específica idónea puede aludir tanto: (1) a la estructura del proceso, atendiendo a si la regulación objetiva del procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y eficaz (estructura idónea)[1], o (2) a la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria, debiendo analizarse si la vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso iusfundamental que se ponga a su consideración (tutela idónea)[2]. Este análisis objetivo, claro está, es independiente a si estamos ante un asunto que merece tutela urgente.

 

14. De otra parte, desde una perspectiva subjetiva, una vía ordinaria puede ser considerada igualmente satisfactoria si: (1) transitada no pone en grave riesgo al derecho afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordinaria puede tornar irreparable la afectación alegada (urgencia como amenaza de irreparabilidad)[3]. situación también predicable cuando existe un proceso ordinario considerado como "vía igualmente satisfactoria" desde una perspectiva objetiva; (2) se evidencia que no es necesaria una tutela urgente, atendiendo a la relevancia del derecho involucrado o a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño)[4].

 

  1. 15.  Queda claro, entonces, que la vía ordinaria será "igualmente satisfactoria" a la vía del proceso constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de estos elementos:

 

-Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho;

-Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada;

-Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y

-Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.

 

En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos revela que no existe una vía idónea alternativa al amparo, por lo que la vía constitucional quedará habilitada para la emisión de un pronunciamiento de fondo (salvo que se incurra en alguna otra causal de improcedencia).

 

  1. 16.  Esta evaluación debe ser realizada por el juez o por las partes respecto de las circunstancias y derechos involucrados en relación con los procesos ordinarios. Es decir, los operadores deben determinar si la vía es idónea (en cuanto permite la tutela del derecho, desde el punto de vista estructural, y es susceptible de brindar adecuada protección) y, simultáneamente, si resulta igualmente satisfactoria (en tanto no exista riesgo inminente de que la agresión resulte irreparable ni exista necesidad de una tutela de urgencia).

 

17. Las reglas para determinar cuándo una vía ordinaria alterna resulta igualmente satisfactoria son las establecidas en esta sentencia, y conforme a ellas se interpretará el inciso 2 del artículo 5, resultando aplicables a todos los procesos de amparo, independientemente de su materia.

  

18. Ahora bien, debe aclararse que en todos aquellos procesos de amparo a los que resulte aplicables las reglas aquí señaladas, hasta la fecha de publicación de la presente sentencia, deberá habilitarse el respectivo plazo para que en la vía ordinaria el justiciable pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos.

 

19. De igual manera, esta habilitación de plazo debe ser de aplicación a todos aquellos procesos de amparo en los que antes de la fecha de publicación del caso de autos, se hubieran aplicado las nuevas reglas de determinación sobre cuándo una vía ordinaria resulta igualmente satisfactoria, las mismas que si bien se incluyen en los fundamentos precedentes, también han sido utilizadas, idénticamente, en otros procesos ya publicados como aquellos autos de los Expedientes 02677-2013- PA/TC (publicado el 26 de agosto de 2014), 03070-2013-PA/TC (publicada el 11 de setiembre de 2014), entre otros.

 

20. En dichos casos, así como en todos los cuales ya se hubiesen aplicado las nuevas reglas del artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional (perspectiva objetiva: estructura idónea y tutela idónea, y perspectiva subjetiva: urgencia como amenaza de irreparabilidad y urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño), y en los que no se ha realizado expresamente dicha habilitación del plazo que si establece en el precedente de autos, por razones de equidad (al existir supuestos idénticos), debe aplicársele la misma consecuencia jurídica (habilitación del plazo para que en la vía ordinaria el respectivo justiciable pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos), atribuida por este Tribunal Constitucional a los casos mencionados en el fundamento 18 de la presente sentencia.

 

§3.1.5. La revisión del precedente contenido en la STC Exp. N° 00206-2005-AA/TC

 

21. En los fundamentos jurídicos 7 a 25 de la STC Exp. N° 00206-2005-PAJTC este Tribunal Constitucional estableció, con carácter de precedente vinculante, un conjunto de reglas que orientaban el conocimiento de controversias derivadas de materia laboral individual, sean privadas o públicas. Allí se fijaron, primordialmente, criterios materiales en torno a la procedencia del amparo en materia laboral, y también se brindó un tratamiento, que aquí se juzga como insuficiente, de la causal de improcedencia recogida en el inciso 2 del articulo 5 del Código Procesal Constitucional.

 

22. Al respecto se sostuvo que:

 

“[E]n caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados" (fundamento jurídico 7); y que:

"[C]onforme al artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, las demandas de amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este tipo de pretensiones es la contencioso administrativa." (fundamento jurídico 24).

23. Como puede apreciarse, las reglas que establecidas como precedente parecen orientadas a determinar los supuestos que en materia laboral serían susceptibles de debate por la vía del amparo (v. gr.: el tipo de despido, el carácter público o privado del régimen laboral) y no a determinar, en realidad, cuándo la vía ordinaria resulta igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

 

24. Sin embargo, esto no implica que con el análisis fijado supra para determinar cuando existe una vía ordinaria igualmente satisfactoria varíe radicalmente los criterios sobre la procedencia de los amparos laborales, pues en esencia se mantiene los principales criterios preexistentes, si bien contemporizados a la luz de las reglas procesales laborales hoy vigentes. Efectivamente, este Tribunal no puede obviar que actualmente en gran parte del país se encuentra en vigor una Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, que cuenta con procesos céleres y medidas cautelares garantistas, regulación que exige a los jueces constitucionales evaluar, a la luz de los casos concretos y de los criterios establecidos en los fundamentos 12 al 15 de esta sentencia, la procedencia o el rechazo de la demanda de amparo.

 

25. Al respecto, este Tribunal señala que, a pesar de la existencia de referida norma procesal, en sustancia mantiene los criterios materiales referidos a la procedencia del amparo laboral. Así, como antes, en caso que la vía laboral no permita la reposición satisfactoria o eficaz del trabajador (supuesto de estructura idónea, previsto en el fundamento 13, supra), o cuando el demandante persiga la tutela urgente de sus derechos constitucionales frente a despidos nulos, en caso no vaya a obtener tutela satisfactoria en la vía laboral (supuesto de tutela idónea y urgencia iusfundamental, previstos en los fundamentos 13 y 14, supra), deberá admitirse a trámite la demanda de amparo. Igualmente, para los casos que no se encuentran regidos por la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, resulta de aplicación el análisis sobre la pertinencia de la vía constitucional fijados en esta sentencia como precedente, que son compatibles con los precedentes que fueron establecidos en la STC Exp. N° 00206-2005-PA/TC.

 

26. En este orden de ideas, si el demandante cuenta con una vía laboral en la que podrá obtener de manera célere —tanto o más que a través del amparo— la reposición que solicita, deberá acudir a esa vía y no al proceso constitucional de amparo, salvo que estemos ante situaciones que objetivamente demanden una tutela urgente que solamente puede canalizarse mediante un medio procesal como el amparo.

 

27. A modo de ejemplo, tenemos que una vía ordinaria especialmente protectora regulada por la Nueva Ley Procesal del Trabajo es la del proceso abreviado laboral, cuya estructura permite brindar tutela idónea en aquellos casos en los que se solicite la reposición laboral como única pretensión. Nos encontramos entonces ante una vía procesal igualmente satisfactoria, siendo competente para resolver la referida pretensión única el juzgado especializado de trabajo. Sin embargo, si el demandante persigue la reposición en el trabajo junto con otra pretensión también pasible de ser tutelada vía amparo, la pretensión podrá ser discutida legítimamente en este proceso constitucional, pues el proceso ordinario previsto para ello es el "proceso ordinario laboral", el cual —con salvedades propias del caso concreto— no sería suficientemente garantista en comparación con el amparo.

 

28. En sentido complementario, si estamos en un caso en que se solicita reposición como pretensión única, pero por razón de competencia territorial o temporal no resulta aplicable la Nueva Ley Procesal del Trabajo, la vía más protectora es el proceso constitucional de amparo.

§3.1.6. La resolución de este extremo de la demanda

  1. 29.  En concreto, el actor alega que habría sido despedido como consecuencia del accionar engañoso de su empleador, hecho que vulnera su derecho constitucional al trabajo. Dicho con otras palabras, cuando estamos frente al denominado despido fraudulento. En consecuencia, este Tribunal procederá a determinar si, en el caso concreto, existe una vía igualmente satisfactoria para la tutela de su derecho al trabajo, a la luz de los criterios establecidos en los fundamentos 12 a 15, supra.

 

30. Con relación a la necesidad de que la estructura del proceso sea idónea para la tutela del derecho invocado, se debe tener en consideración que en el I Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, las Salas de Derecho Constitucional Social Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, llevado a cabo los días 4 y 14 de mayo de 2012, acordaron, de un lado, que "[l]os jueces de trabajo en los procesos laborales ordinarios regulados por la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, están facultados para conocer los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido fraudulento, que de ser fundado tengan como consecuencia la reposición del trabajador al centro de trabajo"; y, por otro, que, con relación a la vía laboral regulada por la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, "[l]os jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión principal única".

 

31. La Corte Suprema, en el pronunciamiento glosado en el fundamento anterior, se limita a uniformizar su jurisprudencia en relación con la reposición del trabajador en los despidos fraudulentos e incausados (tomando en cuenta el precedente vinculante establecido por este Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 00206- 2005-PA/TC y la jurisprudencia que surge de la STC Exp. N° 00976-2001-AA/TC, así como los criterios con los que se venían resolviendo dichas materias a nivel de juzgados y salas), pero a la luz de las sucesivas leyes procesales del trabajo.

 

32. En el caso de autos, se advierte que la demanda fue interpuesta el 22 de julio de 2009, antes de la publicación en el diario oficial "El Peruano" de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, efectuada el 15 de enero de 2010. Esa Ley, de acuerdo al cronograma de implementación contemplado por la Resolución Administrativa N° 149-2011-CE-PJ, de fecha 25 de mayo de 2011, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, entraría en vigencia en el Distrito Judicial de Junín recién a partir del 19 de julio de 2011.

 

33. En consecuencia, en el caso en concreto era de aplicación la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, tomando en consideración que en la vía judicial ordinaria, desde antes del 1 Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, ya se venía asumiendo, en casos concretos, competencia para conocer de las impugnaciones de despidos incausados o fraudulentos, en las cuales el trabajador solicita reposición, conforme se advierte del Informe del referido Pleno, específicamente en el literal a), sobre la procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la vía laboral regulada por la Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 26636), del Tema 01: Procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido fraudulento en la vía ordinaria laboral (pág. 37)[5]

 

34. Siendo así, corresponde determinar si la vía del proceso laboral ordinario resultaba idónea para la tutela del derecho al trabajo del demandante. Al respecto, este Colegiado considera necesario tomar en cuenta que en la referida vía predominaba el elemento escrito, y, en la práctica, casi todos los actos procesales debían ser consignados en actas. Además, en ella el juez contaba con un margen de acción más limitado, presentando finalmente ese proceso una desconcentración de actos y audiencias, lo que genera que el proceso ordinario tenga una duración excesiva.

 

35. Dicha situación no se condice con la urgencia en la tutela de los derechos laborales, por lo que se puede concluir que la referida vía laboral ordinaria, regulada por la Ley N° 26636, no cumple con el requisito de ser idónea para la tutela del derecho invocado en este caso concreto. En ese escenario, al momento de plantearse la demanda, la vía del proceso laboral no era igualmente satisfactoria y, por ende, debe resolverse el fondo por la vía del amparo.

 

36. Estando a lo expuesto, este Tribunal queda expedito para pronunciarse sobre la afectación del derecho al trabajo del demandante, analizando si éste fue despedido; y, de ser el caso, si dicha medida resulta arbitraria.

 

37. Ahora bien, en cuanto al derecho al trabajo, el artículo 22 de la Constitución política del Perú establece que: "El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de una persona". En tal sentido, cabe resaltar que el derecho al trabajo implica dos aspectos: El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte; y, de otra, el derecho a conservar el empleo. En el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades económicas del Estado. El segundo aspecto trata del derecho al trabajo, entendido como proscripción de ser despedido, salvo por causa justa.

 

38. De autos se advierte que el demandante pretende que se deje sin efecto el supuesto despido del que fue objeto como consecuencia de la emisión de las Resoluciones Directorales Nos104-2009-AG-PEPP-CD/DE, de fecha 16 de marzo de 2009, y 149-2009-AG-PEPP-CD/DE, de fecha 11 de mayo de 2009, que dispusieron la suspensión de sus labores durante seis y tres meses respectivamente (fojas 97 y 84), toda vez que el plazo de dichas suspensiones coincidía con el de la vigencia del último contrato de trabajo para servicio específico que habían suscrito las partes (foja 85).

 

39. Al respecto, este Colegiado advierte que, mediante las cuestionadas resoluciones, la entidad emplazada impone al demandante sanciones de cese temporal. Dicha acción disciplinaria está considerada por el inciso g) del artículo 12 del Decreto Supremo N° 003-97-TR como una causal de suspensión del contrato de trabajo, motivo por el cual las referidas resoluciones directorales no pueden ser consideradas como los instrumentos mediante los cuales despidió al actor. Es más, a lo largo del desarrollo del presente proceso, el actor no ha acreditado la existencia del acto lesivo de su derecho constitucional al trabajo.

 

40. Por lo expuesto, este Tribunal procede a declarar infundada la demanda en el extremo que se alega la vulneración del derecho al trabajo, por no haberse acreditado en autos el despido arbitrario alegado por el actor.

 

§3.2. Sobre la afectación del derecho a la libertad sindical

§3.2.1. Argumentos del sindicato demandante

  1. 41.  El demandante sostiene que desde que se afilió al Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Pichis Palcazú en enero de 2009, la emplazada inició en su contra actos que afectaban el derecho a la libertad sindical, llegando incluso a amenazarlo con que sería despedido mediante la imputación de una falta grave si es que no se desafiliaba.

§3.2.2. Argumentos de la parte demandada

42. De otro lado, la parte emplazada sostiene que no ha vulnerado el derecho a la libertad sindical, puesto que las sanciones que le fueron impuestas al demandante estaban debidamente justificadas, ya que se comprobó que el actor incurrió en faltas.

§3.2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional

  1. 43.  Conforme a lo señalado en el fundamento 13, supra, y siendo solamente materia de debate y cambio a partir de este caso la especificación del criterio sobre cuando existe una vía igualmente satisfactoria, este Tribunal sostiene la efectividad y vigencia de lo establecido en la STC Exp. N° 00206-2005-AA/TC, en torno a la procedencia de los amparos en materia laboral privada para los casos de despidos causados, fraudulentos y nulos, por lo que considera que en el presente caso procede evaluar si se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del demandante.

 

44. El derecho a la libertad sindical está reconocido en el artículo 28, inciso 1) de la  Constitución. Este derecho tiene un doble contenido: un aspecto orgánico y un aspecto funcional. El primero consiste en la facultad de toda persona de constituir organizaciones con el propósito de defender sus intereses gremiales. El segundo se encuentra dirigido a la facultad de afiliarse o no a este tipo de organizaciones. Igualmente el derecho a la libertad sindical tiene como contenido el poder del trabajador para que por razones de su afiliación o actividad sindical no sufra ningún menoscabo en sus derechos fundamentales.

 

45. Adicionalmente, en el fundamento jurídico 5 de la STC Exp. N° 08330-2006- PA/TC, conforme a lo señalado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT con relación a la libertad sindical, se ha dicho que: "Uno de los principios fundamentales de la libertad sindical es que los trabajadores gocen de protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo -tales como despido, descenso de grado, traslado y otras medidas perjudiciales- y que dicha protección es particularmente necesaria tratándose de delegados sindicales, porque para poder cumplir sus funciones sindicales con plena independencia deben tener la garantía de que no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en el sindicato. El Comité ha estimado que tal garantía, en el caso de dirigentes sindicales, es también necesaria para dar cumplimiento al principio fundamental de que las organizaciones de trabajadores han de contar con el derecho de escoger a sus representantes con plena libertad (...)".

 

46. En ese mismo sentido, el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, en su artículo 4°, establece que: "El Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberán abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen".

 

47. Al respecto, este Colegiado considera que no se ha demostrado en autos que el empleador haya realizado actos en contra del demandante que tengan relación con su afiliación al Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Pichis Palcazú (SITRAPEPP), o con su actividad sindical, toda vez que los documentos presentados solo acreditan diversas solicitudes, reclamos y denuncias presentadas por el referido sindicato, como son los siguientes:

-La constancia expedida por el Gobernador del Distrito de San Ramón, con fecha 31 de diciembre de 2008, mediante la cual da cuenta que los funcionarios del Ministerio de Trabajo se negaron a recibir los contratos de trabajo de dos trabajadores (fojas 30);

-El oficio N° 005-2008-PCD- "PEPP", de fecha 23 de diciembre de 2008, mediante el cual el Presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Pichis Palcazú informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que deberán abstenerse de firmar y renovar contratos del personal del referido Proyecto, sin antes coordinar con su Consejo Ejecutivo (fojas 31);

-La copia del acta de la asamblea del mencionado Sindicato, de fecha 3 de enero de 2009, en la que se toman diversos acuerdos, como el incorporar a nuevos trabajadores como miembros del SITRAPEPP, fijar el aporte sindical, adoptar acciones legales para que los funcionarios del Ministerio de Trabajo respeten sus derechos laborales, así como contratar a un abogado para que asesore al ente sindical (fojas 121);

-La copia del Auto Directoral N° 002-2009/DRTPEJ-DPSC, de fecha 16 de febrero de 2009, por el cual se declara la nulidad del acto administrativo de registro sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Pichis Palcazú (fojas 308);

-El Oficio N° 003-2009-SITRAPEPP, de fecha 9 de enero de 2009, por medio del cual el SITRAPEPP solicita al Director Ejecutivo del Proyecto demandado una audiencia para tratar temas vinculados a los derechos laborales de sus agremiados (fojas 383);

-El Oficio N° 009-2009-SITRAPEPP, del 9 de marzo de 2009, mediante el cual el SITRAPEPP solicita al Director Ejecutivo del Proyecto emplazado información pública y el cese de actos de hostilización, pues el personal de vigilancia venía revisando las prendas al personal, a la salida de la jomada laboral (fojas 384); y

-La denuncia penal por abuso de autoridad, formulada por el mencionado Sindicato en contra del Jefe de la Zonal de Trabajo y Promoción Social, adscrito al Ministerio de Trabajo, por haberse negado a recibir los contratos de trabajo de los trabajadores del Proyecto demandado (fojas 393).

 

48. Estos, así como otros instrumentos obrantes en autos, no están relacionados con actos realizados por la entidad demandada en contra del accionante, como consecuencia de su condición de trabajador sindicalizado. Tampoco el recurrente ha presentado documento alguno para acreditar que su empleador amenazó con despedirlo, mediante la imputación de una falta grave, si es que no se desafiliaba.

 

49. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad sindical alegada por el demandante, la demanda debe ser desestimada en dicho extremo.

§3.3. Sobre la afectación del derecho al debido proceso y al principio de inmediatez

§3.3.1. Argumentos del demandante

  1. 50.  El actor sostiene que con las Resoluciones Directorales N0S 1104-2009-AG-PEPP-CD/DE y 149-2009-AG-PEPP-CD/DE se ha vulnerado su derecho al debido proceso y el principio de inmediatez, por cuanto considera que los hechos que dieron origen a las sanciones impuestas en su contra datan del año 2008, mientras que las sanciones de suspensión de sus labores por un periodo de seis y tres meses fueron dispuestas en el año 2009. Solicita que se deje sin efecto las resoluciones administrativas que lo sancionaron.

§3.3.2. Argumentos de la demandada

  1. 51.  La parte demandada argumenta que el actor fue sancionado luego de seguírsele un debido procedimiento investigatorio.

§3.3.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional

  1. 52.  Este Tribunal procederá a determinar si, conforme a las reglas de procedencia establecidas en los fundamentos 12 al 15, supra, es competente para conocer la pretensión del demandante.

 

53. Al respecto, conforme se ha señalado en el fundamento 33 de esta sentencia, las pretensiones de orden laboral del accionante, de ser el caso, debían ser tramitadas con las reglas procesales establecidas por la Ley Procesal del Trabajo N° 26636.

 

54. En ese sentido, se puede determinar que, al momento de la interposición de la demanda (esto es, al 22 de julio de 2009), existía un proceso distinto al proceso constitucional de amparo con una estructura idónea para la tutela del derecho invocado, pues la impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador durante la relación laboral se tramitaban por la vía del proceso regulado en los artículos 70 y siguientes de la ley 26636, que resultaba sumarísimo.

 

55. En dicho proceso se podía igualmente obtener una adecuada tutela del derecho afectado mediante un pronunciamiento judicial que declarara la nulidad de los actos administrativos cuestionados, los cuales consisten en sanciones impuestas al recurrente, que ya se estaban ejecutando al momento de la interposición de la demanda.

 

56. Finalmente, el actor no ha acreditado en autos la necesidad de una tutela de urgencia vinculada al derecho supuestamente afectado, ni la gravedad del daño que se ocasionaría al transitar su pretensión en la vía laboral.

 

57. Por lo expuesto, este Tribunal Constitucional considera que la pretensión del demandante podía ser resuelta en la vía del proceso sumarísimo laboral, por constituir una vía "igualmente satisfactoria", motivo por el cual este extremo de la demanda resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional.

Por estas consideraciones, el Trib1unal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.

 

HA RESUELTO

 

  1. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la supuesta vulneración de los derechos al trabajo y a la libertad de sindicación.
  2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 104-2009-AG-PEPP-CD/DE y la Resolución Directoral N° 149-2009-AG-PEPP-CD/DE.
  3. Establecer como PRECEDENTE, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, las reglas contenidas en los fundamentos 12 al 15 y 17 de esta sentencia.
  4. Establecer que, en lógica de favorecimiento del proceso, en todos aquellos procesos de amparo a los que resulte aplicables las reglas contenidas en el precedente de autos, hasta la fecha de publicación de la presente sentencia, deberá habilitarse el respectivo plazo para que en la vía ordinaria el justiciable pueda demandar, si así lo estima pertinente, el reclamo de sus derechos, conforme los fundamentos 18, 19 y 20 de la presente sentencia. Publíquese y notifíquese.-

SS.

URVIOLA HANI

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA



[1]        Cfr. RTC Exp. N° 00465-2011-AA/TC, f. j. 4; STC Exp. 02997-2009-AA/TC, f. j. 5.

[2]        Cfr. RTC Exp. N° 00906-2009-AA/TC, f. j. 9; RTC Exp. N° 01399-2011-AA/TC, f. j. 6.

[3]        Cfr. STC Exp. N° 01387-2009-PA/TC, f. j. 3; RTC Exp. W 00906-2009-AA/TC, f. j. 9.

[4]        Cfr. RTC Exp. N° 09387-2006-AA/TC, f j. 3; STC Exp. N° 00303-2012-AA/TC, f. j. 7.

[5]http://www.pLgob.pe/Rps/womiconnect/1797b50041274631be03bf7bf7c8760a/I+Pleno+Jurisdiccional+SupremoTen+materiabLaboral.pdP1MOD=AJPERES [fecha de consulta: 29 de octubre de 2014]