Sobre la constitucionalidad de la medida adoptada

Tal como señalamos previamente, el mandato del Consejo Nacional de la Magistratura surge de la propia Constitución; sin embargo, esta entidad no puede actuar o ejercer sus funciones si no existe una ley orgánica que lo respalde. Este planteamiento es similar a lo que sucedió con la Constitución de 1993 y el inicio de actividades del CNM, como cuenta el propio Eguiguren:

“Si bien la Constitución de 1993, que entró en vigencia el 30 de diciembre de dicho año, contemplaba la existencia, composición y atribuciones del Consejo Nacional de la Magistratura, su conformación y el inicio efectivo de sus actividades tardaron en concretarse y no estuvieron exentas de dificultades. La ley orgánica del CNM, aprobada por el Congreso en diciembre de 1994, resultaba un paso previo indispensable para la puesta en marcha del nuevo órgano, tanto por la necesaria reglamentación y desarrollo de los preceptos constitucionales como por la regulación de los procedimientos para la elección de los Consejeros”[4].

Sin embargo, resulta seriamente cuestionable que el Congreso no obedezca el mandato constitucional de que el CNM es el órgano encargado de nombrar, ratificar, destituir y ratificar jueces y fiscales. Más aún si tenemos en cuenta que el Congreso tiene la obligación de emitir las normas correspondientes para poner en práctica lo establecido en la Constitución. Sobre el particular, resulta interesante lo señalado por el Tribunal Constitucional sobre las leyes de desarrollo constitucional:

“Tal expresión [ley de desarrollo constitucional] no alude a una categoría unitaria de fuentes, sino a una diversidad de ellas, que tienen como elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en diversos preceptos constitucionales, cuya reglamentación la Norma Suprema ha encargado al legislador. Forman parte de su contenido “natural” las denominadas leyes orgánicas, en tanto que mediante ellas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, y de otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución”[5]. (Énfasis agregado)

En ese sentido, es evidente que el Congreso debe cumplir con el mandato constitucional de emitir leyes orgánicas para el correcto funcionamiento de órganos como el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese sentido, nuestra posición es que para suspender las funciones del CNM – que es lo que se ha hecho – era necesario modificar la Constitución.

Claro está que este procedimiento, al amparo del artículo 206 de la Constitución, debe realizarse en dos periodos de sesiones ordinarias del Congreso. Sin embargo, los mismos, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, están previamente establecidos: i) del 27 de julio al 15 de diciembre; y, ii) del 1 de marzo al 15 de junio. Ello significa que no se podría modificar la Constitución sino hasta marzo del próximo año. Optar por esta vía hubiera sido políticamente cuestionable, pero institucionalmente adecuado; en la medida que el Congreso hubiera podido continuar con sus labores de fiscalización activa de los consejeros del CNM.

Así, si bien el objetivo con este acto del Congreso ha sido enviar un mensaje positivo a la población: “se ha removido a los miembros del CNM y se ha suspendido las funciones de este organismo”, se olvida que el verdadero problema del sistema judicial no reside solamente en el CNM. Por ejemplo, el sistema judicial está dominado por el oscurantismo, pues encontrar jurisprudencia es una práctica heroica para quien se dispone a buscarla. Asimismo, como ha señalado Bullard tenemos un sistema jurídico totalmente impredecible, que permite un margen de maniobra mayor a la corrupción[6].

En síntesis, la reforma del sistema de justicia debería abarcar mucho más que  suspender a una de las entidades involucradas en los casos de corrupción, con serios cuestionamientos constitucionales sobre la suspensión y dejando a innumerables jueces y fiscales corruptos administrando justicia. De esta forma, nada cambiará. Las grandes reformas exigen aquello que más nos falta, institucionalidad.