2.4.      La inexistencia de afectación al principio de interdicción de la arbitrariedad 

A diferencia de lo que ocurre en sede judicial, y debido a que el arbitraje presenta un aspecto consensual, las partes tienen el derecho a decidir quiénes resolverán su controversia. Así, en la medida que la legitimidad del arbitraje descansa en la confianza de las partes depositada en los árbitros, con ello nace el derecho de las mismas de designar a aquellos que reúnan las cualidades esperadas^[9]. 

Precisamente, en virtud a dicha confianza, es posible señalar que son ellas las que a voluntad propia se someten a dicho mecanismo de solución de controversias y sobre todo a las reglas definidas por ellas mismas para su desarrollo, las cuales incluyen la forma y contenido del laudo. En ese sentido, tampoco resultaría correcto afirmar que en el escenario de una renuncia de la motivación del laudo, los árbitros van a decidir arbitrariamente la solución del asunto; más aún, cuando estos gozan de la confianza de las partes respecto de su solvencia profesional.

Al respecto, un acuerdo sobre un laudo que no contenga fundamentación de las consideraciones tomadas en cuenta para llegar a la decisión final no implica que los árbitros no hayan realizado ni estructurado un razonamiento lógico de las razones objetivas expuestas por las partes. 

Por otro lado, si bien se podría alegar que existe cierto margen para una actuación arbitraria por parte de los árbitros, nuevamente, no se debe olvidar que el arbitraje se basa en la confianza y, si las partes, decidieron no solo escoger a las personas que resolverían su controversia sino también las reglas por las que estos debían llegar a tal resultado, son ellas quienes asumen las eventuales contingencias y, quienes deberán tomar en consideración estos aspectos antes de fijar la regla de un laudo no motivado.

2.5.      La inexistencia de afectación a la predecibilidad en la administración de justicia

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica una obligación a cargo de los jueces de fundamentar sus decisiones y tiene como finalidad asegurar que estas últimas actúen como guía para comportamientos futuros^[10]. Por tal razón, las decisiones judiciales, en tanto manifestación del principio de seguridad jurídica, implican la existencia de coherencia o regularidad de criterio de los órganos judiciales en la interpretación y aplicación del derecho^[11].

Sin embargo, en el escenario de un arbitraje, tales exigencias resultan difusas, ya que particularmente en nuestro ordenamiento- de conformidad con el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1071- los laudos así como todas las demás actuaciones arbitrales, gozan de confidencialidad entre las partes. Es decir, los laudos no pueden ser conocidos por terceros, salvo que las partes de común acuerdo así lo autoricen expresamente, razón por la cual no podrían ser entendidos necesariamente como una manifestación de pronunciamientos uniformes que puedan ser oponibles ante terceros.

Respecto de los actores que intervienen en el desarrollo del arbitraje, los árbitros son quienes más nítidamente están alcanzados por el deber de confidencialidad, por tratarse de una obligación, explícita en el propio reglamento, o aun implícita en el contrato de administración del arbitraje que vincula a las partes con la institución arbitral.^[12] 

En el caso de los árbitros, además del deber general de confidencialidad, también está presente el deber de mantener en secreto las deliberaciones del tribunal arbitral. El fundamento del secreto de las deliberaciones de los árbitros durante la realización del arbitraje reside en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el proceso y resguardar su derecho de defensa, tanto como preservar su independencia^[13]. 

Cuando el arbitraje ya finalizó dicha confidencialidad se mantiene en razón de las obligaciones que nacieron al aceptar el cargo y subsisten incluso al dictarse el laudo, pues el secreto no es eficaz si no es permanente. Así, atendiendo a la naturaleza confidencial del arbitraje, no existiría ninguna vulneración a la predicibilidad de las decisiones tomadas en sede arbitral. 

2.6.      La prohibición del Poder Judicial de revisar la decisión de los árbitros por errores in judicando

En sede judicial, la exposición de los fundamentos permite que el superior jerárquico corrija los errores incurridos por el juez de primera instancia con ocasión de la emisión del fallo, los cuales han de ser advertidos por una de las partes en su escrito de apelación. Sin embargo, en sede arbitral no existe el recurso de apelación, incluso en el supuesto de que una de las partes haya decidido interponer el recurso de anulación en contra del laudo, este mecanismo no tiene como objetivo una nueva revisión del fondo. 

Precisamente, las causales de anulación del artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 están vinculadas a patologías del convenio arbitral; a infracciones a las reglas previstas por las partes y a la inobservancia de las materias contenidas en el convenio arbitral. 

Sin embargo, ninguna causal implica la posibilidad de que se corrija deficiencias y omisiones respecto del fondo de la controversia, lo cual conlleva la imposibilidad de discutir en el Poder Judicial el mayor o menor fundamento de lo resuelto, reduciéndose a examinar si hubo o no exceso que traspase los límites objetivos del compromiso^[14]. 

 3.           Conclusión

La facultad de los árbitros de no motivar los laudos no es una institución de origen reciente, sino que tuvo lugar en los primeros momentos del arbitraje. En nuestro ordenamiento jurídico, el inciso 1 del artículo 56 del Decreto Legislativo N° 1071 otorga a las partes la posibilidad de renunciar al derecho a la motivación del laudo. Esta facultad encuentra sustento principalmente en el respeto a la autonomía privada. 

Asimismo, se puede advertir que esta facultad no implica una vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad ni a la predecibilidad de comportamientos futuros. Finalmente, en concordancia con ello, nuestro ordenamiento jurídico no ha sancionado la falta de motivación tampoco como causal para cuestionar la validez del laudo a través de un recurso de anulación de laudo, por lo que esta puede ser válidamente ejercida por las partes de un convenio arbitral.