Cuando los reos tienen precio: La concesión de cárceles y centros penitenciarios

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  • Agosto 3, 2015
  • 2-3 Minutos
Germán Gómez

Germán Gómez

Alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y miembro de Forseti.

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El último fin de semana, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció la posibilidad de dar en concesión cárceles y centros penitenciarios en el Perú. Esta noticia además de presentar una nueva posibilidad de negocio para algunos, también nos deja con algunas dudas sobre su viabilidad práctica en nuestro país y las trabas legales que se podrían presentar.

La concesión de cárceles no es algo nuevo en el mundo. Solamente en el 2010, casi 130,000 personas se encontraban cumpliendo una pena en algún centro penitenciario privado en Estados Unidos.  Corrections Corporation of America, la empresa más grande de ese rubro en dicho país, está valorizada en más de 4,000 millones de dólares y ello tienen una explicación: esta compañía ha incrementado sus ingresos en casi un 100% desde el 2001. No obstante, esta no es la única compañía del rubro. The GEO Group Inc., la segunda empresa más grande de esta industria en el país norteamericano, tiene un valor de mercado de 2,800 millones de dólares. En otras palabras, el mercado ha otorgado un alto valor a los privados que administran institutos penitenciarios.

Sin perjuicio de lo expuesto, la reacción de la sociedad no ha sido uniforme con respecto a la concesión de cárceles. Escándalos de corrupción y  denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre otros, han generado graves cuestionamientos a esta modalidad de concesión.

En el 2008, una Corte del estado de Pensilvania en Estados Unidos, se vio inmersa en un escándalo que fue denominado “Kids for cash” (niños por dinero): dos jueces habían sido contactados por el dueño de un centro de detención de menores, quien les ofrecía pagarles una comisión por cada menor sentenciado a ser recluido en su cárcel. Bajo este esquema, más de 2000 niños fueron sentenciados con penas mayores a las que les correspondía.

(...) el Perú tiene una de las tasas más altas de sobrepoblación en la región. Para satisfacer el crecimiento anual de recluidos, que alcanza el 6%, según el Instituto Nacional Penitenciario, se deberían construir dos cárceles al año con una capacidad de 3,500 personas por centro. Tomando en cuenta ello, una administración privada podría ser beneficiosa.

En Mississippi, una cárcel de The GEO Group Inc., fue descrita por un juez federal como un “tanque séptico lleno de actos inconstitucionales e inhumanos”. Un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunciaba que en dicho centro penitenciario existían, entre otros, violaciones de menores, indiferencia de los guardias con respecto a la seguridad de los prisioneros y afiliaciones de los mismos guardias con las pandillas en la prisión. 

Por otro lado, en el 2009, la Corte Suprema de Israel, con un voto de 8 a 1, declaró la inconstitucionalidad de las cárceles privadas, pues consideró que transferirle los poderes de administración de cárceles del Estado a un privado, violaría los derechos humanos de los prisioneros a la libertad y dignidad. 

Nuestro régimen legal actual promueve la inversión privada y permite que se den en concesión ciertas obras de infraestructura pública y de servicios. En este sentido, no sería muy remota la posibilidad de entregarle las facultades de administración de centros penitenciarios a una entidad privada. Sin embargo, ello debería estar acompañado de una adecuada supervisión del Estado.

En el Perú, actualmente existen más de 40,000 internos que no tienen cupo en nuestras cárceles, lo cual significa una sobrepoblación de 124%. Es una situación crítica: el Perú tiene una de las tasas más altas de sobrepoblación en la región. Para satisfacer el crecimiento anual de recluidos, que alcanza el 6%, según el Instituto Nacional Penitenciario, se deberían construir dos cárceles al año con una capacidad de 3,500 personas por centro. Tomando en cuenta ello, una administración privada podría ser beneficiosa.

Como últimas palabras, si bien hay que agradecerle a nuestros funcionarios públicos por innovar y pensar en nuevas medidas para implementar en el país y hacerle frente a nuestras necesidades, también debemos mantenernos alerta y asegurarnos que, dado nuestro contexto plagado de corrupción, esta modalidad de concesión no se convierta en un aparato más para destruir la frágil institucionalidad que nos queda.

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