Por otra parte, la prohibición de mandatos de prisión preventiva y detención preliminar judicial a policías en los casos referidos, disponiéndose que solo se les imponga comparecencia restrictiva, constituye una diferenciación en el tratamiento procesal entre ciudadanos y efectivos policiales que vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado. La cuestionada ley pretende sustentar esta modificatoria, aludiendo en su artículo 1°, la legítima defensa que hace el efectivo policial de su persona y de la sociedad y a la supuesta vulneración al principio de autoridad, pero, sin mayor explicación, de modo que simplemente habría que interpretar que se ha venido soslayando el derecho a la defensa y vulnerándose el principio de autoridad aludidos, siendo necesario este tratamiento procesal diferenciado. En realidad, no hay justificación para estos beneficios procesales establecidos en la norma modificatoria, constituyendo un trato discriminatorio en favor de los efectivos policiales procesados, en desmedro del resto de justiciables, lo cual es inconstitucional.

Cabe señalar que la única disposición derogatoria que contiene la Ley N° 31012, plantea una disyuntiva poco clara en su aplicación, al disponer que se deje sin efecto el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo N° 1186 -el cual regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional- «o» se deje en suspenso, según el caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en la Ley N° 31012, con su entrada en vigencia. El citado literal del Decreto Legislativo N° 1186, cuya derogatoria se plantea de forma disyuntiva, contempla el principio de proporcionalidad, por el cual se establece que, el uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional debe aplicase con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia (activa o pasiva) o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene, considerando la intensidad, peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica. En aras de evitar tergiversaciones de la norma, considero necesario que se aclare en qué casos procedería la suspensión de las normas que se opongan a la Ley y en cuáles se deroga el literal c) del numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto Legislativo N° 1186.

El caso es que, la posibilidad de eliminar el principio de proporcionalidad en las intervenciones policiales, ha suscitado la preocupación de algunos penalistas, de que debido a una interpretación distorsionada de la norma se incremente el uso desmedido o arbitrario de la fuerza pública.  Sin embargo, del artículo 3° de la propia Ley N° 31012, se advierte que, las normas modificatorias en favor de los efectivos policiales sólo les serán aplicables si en los eventos en los que causaron lesiones o muerte, hicieron uso de sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria, sin contravenir la Constitución Política del Perú y las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De lo contrario, incurrirán en responsabilidad penal.

Esto se corresponde con los principios y normas de derecho internacional, que regulan el uso de la violencia legitimada de la policía, precisando que constituye una facultad sujeta a limitaciones.  En este sentido, Felipe Villavicencio Terreros y Juan Elías Carrión Díaz  señalan en su artículo jurídico «La Ley N° 30151 no es una carta blanca para el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», que, si bien los efectivos policiales, en determinadas situaciones deben hacer uso de la fuerza, ello no supone actos de arbitrariedad o abuso, pues, el ejercicio de esta potestad está limitado por el Derecho Internacional, que establece las exigencias mínimas que impone a los Estados para el uso de la fuerza pública; tales exigencias se han visto reflejadas en múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado peruano ha reconocido y acogido estas normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre ellas, las «Decisiones de organismos supranacionales», los «Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley» y el «Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas». Entre las normas internas sobre este tema, el Decreto Legislativo Nº 1186, contiene una serie de disposiciones que regulan el uso de la fuerza policial; a mayor abundamiento, la Corte Suprema, en su Acuerdo Plenario 5-2019/CIJ-116, corrobora que el uso de la fuerza por la Policía se enmarca dentro de una normativa interna e internacional de respeto a los derechos humanos y bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, propios del entendimiento adecuado y ponderado entre seguridad ciudadana y respeto a los derechos fundamentales.

Asimismo, los efectivos policiales cuentan con regulaciones normativas internas acerca del uso de la fuerza pública, como el «Manual de Derechos Humanos aplicado a la función policial», que en uno de sus capítulos regula el empleo de armas de fuego, señalando que su uso se debe practicar con una correcta evaluación de los riesgos y en el marco de protección de los derechos humanos.  Como regla general, el empleo de la fuerza por los efectivos policiales en sus intervenciones, debe hacerse bajo ciertos parámetros de obligatoria observancia, partiendo del principio básico de que la fuerza pública debe ejercerse en forma excepcional, esto es, solo habiendo fracasado otras formas de control menos gravosas, haciendo absolutamente necesario el empleo de la fuerza. En concordancia con estas normas, el citado Decreto Legislativo N° 1186, establece la capacitación supervisada y un adecuado entrenamiento de los efectivos policiales en el uso reglamentario de las armas de fuego.

Por lo demás, el numeral 11), del artículo 20° del Código Penal mantiene el precepto de que el eximente de responsabilidad penal opera no solo cuando el efectivo policial hace uso de su arma de fuego, sino también cuando hace uso de otros medios de defensa. En cualquier caso, el uso de tales medios debe realizarse dentro de los límites señalados por las normas internacionales e internas.  

En consecuencia, la norma penal modificada no debería representar riesgos de arbitrariedad y abuso policial por el uso de la fuerza. Las actuaciones policiales deben realizarse en estricta observancia de las normas del derecho internacional y el derecho interno citadas. Cualquier intervención policial en la que se haga uso de armas y se cause lesiones o muerte debe investigarse, verificándose si se cumplieron los protocolos y demás normas que regulan el uso de la fuerza, así como la legítima defensa, en su caso. Si el efectivo policial vulneró principios y protocolos para el uso de armas, debe ser sancionado penalmente.  Por otro lado, a fin de evitar tergiversaciones en la interpretación de la norma, debe aclararse la disyuntiva de la Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley que plantea la derogatoria del principio de proporcionalidad. Asimismo, debe declararse la inconstitucionalidad del extremo de la Ley N° 31012, que impone un tratamiento procesal discriminatorio en favor de efectivos policiales, en relación a las medidas de coerción procesal, vulnerando la autonomía de los órganos encargados de la investigación penal, la independencia judicial y los principios que regulan el examen de los presupuestos para la concesión de la detención preliminar y prisión preventiva.