VI

El crecimiento de unidades funcionales y de personal administrativo especializado ha adquirido escalas inimaginables hasta hace unas pocas décadas atrás. La presencia de administradores profesionales con un estilo de manejo corporativo ha provocado una abierta desconfianza en los miembros de las diversas comunidades de estudiantes y profesores. Hay quienes consideran que ese poder se ha desbordado más allá de sus tareas propiamente de gestión, estableciendo metas vagas que pretenden ser evaluadas mediante métricas inapropiadas o mal definidas. Este desborde de atribuciones, en el marco de una atmósfera fiscalizadora que utiliza una nueva jerga de tipo empresarial, ha propiciado un creciente malestar entre los docentes. La consecuencia más inmediata ha sido el empobrecimiento la vida en comunidad y la pérdida de motivación y compromiso entre sus miembros.

Desde luego, la exigencia por una gestión más eficiente y oportuna debería formar parte de las prioridades de toda organización universitaria. Pero ello no debería conducirnos a dejar de escuchar el reclamo generalizado de los docentes por la disminución simultánea de su clásica libertad académica y el poder efectivo que antes ejercían para dirigir –o, por lo menos, participar orgánicamente en- el destino de sus instituciones. Tensiones y conflictos constantes suelen ser la moneda común de académicos que se sienten sometidos a los dictados arbitrarios de una burocracia que ignora las complejidades y procesos de la docencia y de la investigación. Peor aún, que impone sus propias prioridades administrativas sin hacerlas objeto de una deliberación interna, colectiva y transparente. Benjamín Ginsberg, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Johns Hopkins, ha llamado a este proceso “el otoño del docente universitario” y lo ha documentado ampliamente en un libro que lleva ese mismo título. Nuevas y más creativas formas de gobierno interno y toma de decisiones que permitan recuperar el liderazgo y la libertad de los profesores tendrán que ir abriéndose paso en un clima adverso a ese cambio.

VII

Los debates acerca de la pérdida de autonomía académica e independencia institucional frente a las diversas lógicas de mercado se profundizarán en las décadas por venir. No pocos temen que la disminución en el margen de maniobra de las universidades para establecer sus propias agendas de investigación académica –sobre todo, aquellas dedicadas al estudio de las ciencias médicas, la biotecnología y las ciencias naturales-, se verá acrecentada por los complicados mecanismos de presión que ejercen los intereses comerciales cuando penetran el tejido institucional del mundo académico. Estos dilemas éticos se hacen evidentes cuando las universidades se transforman en receptoras de fondos y recursos del sector privado. El riesgo de priorizar el afán de lucro empresarial en las agendas de investigación y en las consultorías, ha sido y continuará siendo una fuente de serios conflictos de intereses y de dilemas éticos que pueden terminar comprometiendo los valores institucionales más preciados. Nuevos acuerdos de cooperación y colaboración entre las universidades, el sector privado y el gobierno tendrán que abrirse paso en un plazo no muy lejano. Para que este propósito se alcance sin ningún tipo de hipotecas a la libertad académica, será imprescindible delimitar con claridad los territorios institucionales que no pueden ni deben ser colonizados por la lógica mercantil. Forjar una relación de nuevo tipo con los grupos de interés que interactúan con la universidad cobrará una renovada vigencia.

VIII

La espiral por publicar en revistas especializadas ha transformado la universidad en una suerte de fábrica en la que la calidad y pertinencia de sus ‘productos’ no se discute mayormente. Para algunos como Bernard van der Zwaan, las universidades parecen haber vendido su alma al diablo, pues más atención les prestan a los rankings que a los asuntos que conciernen a su liderazgo intelectual en la sociedad. Escalar puestos en los rankings internacionales a través de indicadores que contienen cuestionables evaluaciones de desempeño y de la publicación del mayor número de investigaciones posibles, en los más de 30,000 journals especializados que se calcula existen actualmente en el mundo, se ha convertido en una corriente frente a la cual pocas universidades son capaces de proponer las prioridades institucionales que permitan mostrar sus verdaderas fortalezas académicas.

Una avalancha de papers digitalizados -que emplean el inglés como la nueva lingua franca-, inunda ahora las plataformas electrónicas. El casi monopolio de esta producción intelectual se encuentra en manos de empresas editoriales como Elsevier, cuyo objetivo central es la captura de la producción científica de las universidades con fines comerciales. Si antes la reputación recaía en la calidad de la enseñanza de los profesores, ahora el número de publicaciones producido individualmente es el factor clave del nuevo modelo que califica como exitosa a una institución universitaria.

Aun cuando sigue siendo el mejor mecanismo de evaluación académica disponible, el sistema de revisión de pares –‘peer review’-, está siendo cuestionado con mayor frecuencia por la mediocre calidad de su contenido, los errores de apreciación e incluso por los fraudes y plagios que se han ido detectando en el tiempo, y que han producido escándalos que los medios de comunicación han difundido con escrupulosa precisión. En todo caso, el legítimo impulso individual de muchos investigadores -supuestamente acreditado por el número de citas obtenidas en sus papers-, ha producido un declive en la cohesión interna de las comunidades académicas, distorsionando las prioridades institucionales, y desincentivando la producción colectiva y de mayor alcance intelectual. Procesos de revisión más abiertos, breves y transparentes están siendo impulsados en los dominios de las ciencias naturales y médicas, y no pasará mucho tiempo sin que otros campos del saber adopten metodologías similares.

A lo anterior se suma que, el acceso cada vez más costoso a bases de datos de esos journals, ha puesto en evidencia la paradójica situación de lo que en inglés se denomina el ‘double dipping’, es decir, el hecho de que esas empresas editoriales controlan la publicación de resultados de investigación que, en muchos casos, han sido financiados con fondos provenientes del sector público, de las propias instituciones universitarias, del sector privado o de fundaciones. Por eso no es de extrañar la existencia de reclamos y protestas en Europa y Estados Unidos para lograr un acceso abierto a esas publicaciones. La San Francisco Declaration on Research Assesment (2012) y el Amsterdam Call for Action on Open Science (2016), son llamados de alerta acerca los peligros que rodean a la difusión de la producción científica cuando se la quiere convertir en simple mercancía. Una poderosa tendencia a hacer el conocimiento más accesible, público, transparente y menos sometido a intereses comerciales, seguirá siendo un tema de enorme relevancia en el futuro.