En Malasia, un país con aspiraciones ambiciosas de mantener una tasa de crecimiento de 5.9% entre el 2010 al 2030[8] y cuya tasa de crecimiento en el 2019 fue de 4.3% (la más baja en los últimos 10 años)[9], la regulación de precios ha venido siendo implementada con fuerza desde 2015[10], inicialmente para todo tipo de bienes. De acuerdo con su regulación inicial:

“Si el precio final para un bien particular era [$]10 y el costo de producirlo durante el período benchmark era [$]9, la utilidad neta sería [$]1. Para cumplir con la regla, la utilidad neta del vendedor jamás podría exceder [$]1. Si el vendedor obtuvo utilidades superiores al tope de [$]1, se consideraría que dicho vendedor se encuentra obteniendo utilidades indebidas, i.e. profiteering. De ser encontrado culpable, el vendedor estaría sujeto a una multa significativa o a pena de cárcel. 

El tope de utilidades entre 2015-2016 se encontraba basado en la utilidad neta absoluta obtenida al 1ero de enero de 2015, o el primer día en el que el bien fue presentado al mercado desde la entrada en vigencia de la regulación. El tope variaba entre las empresas, dependiendo de la utilidad neta obtenida en el día en que sus operaciones fueron registradas por la autoridad competente. Esto hacía perfectamente legal que un hotel obtenga [$]10 como utilidad por un [plato de comida] y un restaurante obtenga únicamente [$]1 como utilidad por el mismo [plato de comida], siempre y cuando su utilidad neta no exceda la del benchmark particular registrado”.[11]

Dicha regulación trajo problemas por, entre otras cosas, no tomar en consideración el incremento de costos en las empresas y fue mejorada mediante el establecimiento de un esquema de tope de precios basado en un porcentaje de utilidades máximo[12]:

“La regulación de 2017 que se encuentra vigente a la fecha, redefinió y liberalizó las reglas. En vez de fijar un techo basándose en utilidades netas absolutas, las utilidades máximas ahora se expresan en términos de porcentaje. Por ejemplo, si la utilidad neta de un vendedor era 5% (calculado mediante las modalidades de markup [(precio de venta – costo)/costo] o margen de utilidades [(precio de venta – costo)/precio de venta]), entonces sus utilidades netas no podrán exceder 5%. Esta es una liberalización porque la utilidad neta del vendedor en términos del porcentaje podría mantenerse constante ante el incremento de costos, a diferencia de la regla bajo el esquema regulatorio de 2015-2016, mediante la cual la utilidad neta en términos de porcentaje podría reducirse bajo un incremento específico pero normal de costos. Asimismo, la aplicación de esta norma fue acotada para que solo sea aplicable respecto a comida y bienes del hogar”[13].

En el caso peruano las crisis económicas por las que hemos pasado han generado una disciplina económica positiva por parte de los funcionarios de las principales autoridades económicas del país: el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas.[14] Sin embargo, las crisis también han conllevado a que ciertos sectores de la población sean reacios a las propuestas de reformas del modelo económico y en consecuencia las propuestas que buscan controlar los precios suelen ser desestimadas en el foro público por considerarse meramente “de izquierda”[15] en términos coloquiales o económicamente ineficientes en términos formales[16]. 

Así como la crisis financiera de 2008 le enseñó a ciertos actores del mercado que la intervención económica estatal era necesaria para proteger el modelo económico[17], la presente crisis de 2020 puede servir de oportunidad para comenzar a ver la regulación con los lentes de una verdadera república con un enfoque social; no solo para proteger el modelo económico, sino para que este se encuentre al servicio de la ciudadanía. La discusión sobre el control de precios debe transcender ideologías y responder técnicamente para subsanar efectos inesperados generados por situaciones extraordinarias[18], como en el caso del precio de los medicamentos de necesidad básica en el mercado peruano.

Por ejemplo, en 1942, Estados Unidos aprobó el Emergency Price Control Act of 1942 con la finalidad de controlar la inflación producida por la Lend-Lease Policy, un programa que se mantuvo vigente entre 1941 y 1945, creado por el Congreso de los Estados Unidos cuya finalidad buscaba fomentar el suministro por parte del Gobierno estadounidense de comida, petróleo y equipamiento militar al Reino Unido, Francia Libre, la República de China y otros países aliados para afrontar la guerra contra Alemania nazi.[19] Al incrementar significativamente la demanda de ciertos productos, se generó un fuerte impacto negativo en la economía en relación con los precios al consumidor y su capacidad adquisitiva y por ende resultó necesario establecer una política de control de precios. De acuerdo con GRAINEY: 

“En una situación normal, el precio mantiene la oferta y demanda en equilibrio entre ellas. También genera el incremento o reducción en la producción y regula la distribución de bienes. Sin embargo, en una situación en la que los recursos financieros del Estado son inyectados al mercado y en la que el Estado comprará sin importarle el precio, la demanda tanto de bienes y mano de obra excederán la oferta. Las leyes básicas de la economía no pueden afrontar dicha situación poco natural. El precio deja de ser un limitante de la demanda tanto para bienes o servicios. El resultado es un aumento continuo en la inflación”.[20]

En comparación con la situación en 1942[21] y si bien en Perú aún no hablamos de inflación, el incremento de la demanda en las últimas semanas por medicamentos de necesidad básica para tratar el COVID-19 no viene únicamente siendo propagada por el Estado, sino que también incide en ella los distribuidores que han venido comprando de manera especulativa y al gran número de consumidores que han incrementado sus compras con la finalidad de protegerse ante el miedo de un posible futuro desabastecimiento. Sin embargo, considerando la capacidad de pago reducida por la cuarentena obligatoria, el problema es claro: el incremento en precios afecta significativamente la posibilidad de obtener medicamentos de las poblaciones más vulnerables de nuestro país que no tienen una fuente de ingresos para afrontar el incremento de precios de los medicamentos.

De manera general, los siguientes medicamentos han incrementado en precio en las últimas semanas Azitromicina (500 mg) [22], Ivermectina (6 mg)[23] y Paracetamol[24].

Un argumento que se suele discutir respecto al control de precios es que este conlleva a la bancarrota de las empresas sobre las cuales se aplica el control al obligarlas a vender a pérdida[25] y genera un estancamiento en la inversión[26], lo cual no necesariamente es cierto siempre y cuando la medida adoptada responda a un criterio técnico para la determinación de los precios que no solo tome en consideración las capacidades de pago del consumidor sino también la estructura de costos inherente al producto. Por ejemplo, medidas mucho más amplias que la propuesta, como la mencionada Emergency Price Control Act incluso generaron que se produzca una reducción en el número de empresas en bancarrota:

“El reclamo de que el control de precios ha conllevado a la bancarrota de empresas también ha sido demostrado como completamente falso por el registro de bancarrotas. El índice Dun de insolvencias, que es una medida de bancarrotas por cada 10,000 empresas, ha venido reduciéndose desde 1939. El índice se redujo a 22 en el mes de febrero de 1943, en comparación con los años anteriores para el mes correspondiente: 68 en 1939, 58 en 1940, 62 en 1941 y 50 en 1942. Por ende, las bancarrotas se han reducido en dos tercios desde el inicio de 1939 y por un poco más de la mitad en relación con la figura del año pasado cuando se venían obteniendo utilidades record. De hecho, las bancarrotas en este momento en el tiempo se encuentran en su nivel más bajo durante el medio siglo desde que los registros existen.

Si bien es cierto que existen niveles bajos de nuevos emprendimientos y por ende el menor número de bancarrotas pueda ser más importante en términos del número de unidades empresariales remanentes en el mercado, esta consideración no apoya la conclusión de que [el control de precios] haya generado que hacer negocios sea no-rentable. El bajo registro de bancarrotas demuestra de manera concluyente que los negocios siguen siendo rentables bajos las regulaciones de [control de precios] y las utilidades record antes de impuestos demuestra nuevos máximos que superan ampliamente los máximos anteriores”.[27]

La regulación de precios no es tampoco infrecuente en el Perú. La podemos observar de manera no centralizada en algunas de sus distintas facetas, conviviendo plenamente en harmonía con el modelo económico social de mercado. Entre algunas de ellas:

– En el sistema financiero: Siendo la tasa de interés el precio por el costo del dinero, las empresas del sistema financiero no cuentan con topes de tasa de interés para los préstamos que realizan. Sin embargo, las empresas y personas naturales sí se encuentran limitadas a ciertos límites que publica mediante circulares el BCRP[28].

– En las tarifas eléctricas[29]: Con la participación del COES, uno de los mercados más regulados del Estado peruano y que de ninguna manera ha frenado la inversión, incluso siendo el único que a la fecha[30] cuenta con un esquema de control de fusiones ex ante vigente. Tan es así que hace tan solo unas semanas se cerró la compra de una de las distribuidoras de energía más grandes del país, por parte de un inversionista asiático.

Siendo que el presente ensayo se enfoca en Perú y por la limitación de la extensión del texto, vale concluir destacando los siguientes elementos de la propuesta, evitando individualizar empresas particulares:

(i) Los participantes del mercado de farmacias y los productores de medicamentos son empresas formales con años de participación en la industria que integran un mercado relativamente concentrado[31], por lo que las bases de datos existentes para construir los benchmarks de utilidad por producto deberían permitir una fácil elaboración de los mismos por las propias empresas (sujeto a posterior fiscalización y conciliación de la autoridad competente);

(ii) La propuesta abarca únicamente los bienes de necesidad básica[32] para el tratamiento del COVID-19, por lo que si bien en la práctica algunas farmacias suelen adoptar esquemas de subsidios cruzados mediante los cuales las ventas de ciertos productos cubren los costos de otros, en el caso de los bienes de necesidad básica COVID-19, estos deberían ser objeto de un subsidio y no objeto de un incremento de precio para subsidiar otros productos;

(iii) La aplicación de la norma es temporal y exclusiva a un número reducido de productos, por lo que concluida la pandemia en Perú, podría ser levantada, con la finalidad de normalizar los procesos internos de determinación de precios de las empresas y que cualquier inversión adicional realizada (expansiones, investigación, etc.) por la empresa pueda ser posteriormente trasladada al consumidor mediante el precio de los productos, una vez normalizada la coyuntura actual.