La nueva Amnistía: ¿Una oportunidad?

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Roberto Polo

Socio de Rebaza, Alcázar & De las Casas
Profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Pacífico

El Impuesto a la Renta (IR) es un tributo de periodicidad anual, por ello al cierre de cada ejercicio, que ocurre el 31 de diciembre, se configura el hecho imponible. Esto es, se debe establecer si se generó renta imponible o no. Meses después surge la obligación de declarar las rentas y pagar el tributo correspondiente. De no hacerlo, se generan multas e intereses moratorios. De mediar un supuesto de defraudación, podrán aplicarse las respectivas penas.

Ahora bien, es probable que pronto se apruebe una nueva “amnistía” tributaria para aquellos contribuyentes que hayan obtenido rentas hasta el 31 de diciembre de 2022 y que no las hayan declarado, encontrándose por ello omisos al pago del impuesto correspondiente.

Una medida de este tipo siempre generará crítica, desde el punto de vista de la equidad y respeto hacia los contribuyentes que se “encuentran al día” con el pago de sus obligaciones tributarias. Lo que es atendible y entendible.

Sin embargo, una amnistía puede ser entendida también como una vía para ampliar la base tributaria pues pone “a derecho” a contribuyentes omisos o a quienes declaran parcialmente sus rentas, lo que puede derivar en mayores ingresos para las arcas fiscales. En lo que respecta al Decreto Legislativo 1264 (anterior “Amnistía”), en el 2017, la administración tributaria recaudó cerca de 0,1% del PBI por concepto de amnistía fiscal y repatriación de capitales. Entre julio y diciembre de 2017, se recaudó alrededor de S/ 1 000 millones por Impuesto a la Renta, por declaración y/o repatriación de capitales.

Dichas cifras no son alentadoras desde el punto de vista recaudatorio, aunque como una medida (no crítica) para ampliar la base puede ser aceptable.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la anterior amnistía se presentó en un contexto diferente. En la actualidad, la política fiscal a nivel internacional ha intensificado su giro hacia la transparencia y con medidas específicas para conseguir dicho objetivo. Prueba de ello es la suscripción o adhesión al acuerdo multilateral para el intercambio automático de información del cual Perú y 146 jurisdicciones más forman parte, o la obligación de reporte de beneficiarios finales o las medidas internas de revelación de información financiera de las instituciones del sistema a las Administraciones Tributarias.

Incluso, a nivel local, no debe pasar desapercibido que el 30 de junio de 2024, se ha publicado una Resolución de la SUNAT que pretende modificar el RUC para incorporar en dicho registro a ciertos individuos con aparentes manifestaciones de capacidad contributiva (contratación de seguros para transporte de carga, propietarios de predios de valor mayor a 126 UIT en conjunto, entre otros).

Es decir, el futuro (salvo excepciones puntuales como el caso de Estados Unidos, aunque cuenta con un tratado bilateral suscrito con Perú para el intercambio de información) nos presentará una realidad con menos oscurantismo u opacidad para las rentas de las personas.

En lo que respecta a la nueva amnistía, de llegar a convertirse en norma, esta sería en esencia como la anterior. Con tasas para las rentas no declaradas de 10% o 7% (si el dinero es repatriado), incluyendo las generadas directamente como las obtenidas a través de interpósita persona y terceras entidades. En efecto, pueden advertirse en el proyecto algunos detalles como la ampliación del plazo que el dinero debe invertirse en el país (de 3 a 12 meses) en el supuesto de “repatriación” y más desarrollo para el caso de rentas obtenidas por bienes a nombre de vehículos extranjeros, pero nada estructural. Asimismo, este nuevo proyecto de amnistía mantiene la dispensa por delitos vinculados a la omisión del pago de tributos.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, si el texto se mantiene, la Administración emitió en el pasado varios pronunciamientos sobre el sentido de la norma que reguló la primera amnistía. Dichos pronunciamientos servirán de guía para conocer de forma anticipada la interpretación del Fisco sobre algunos puntos que pueden resultar poco precisos del texto que se publique. Asimismo, nótese que, aunque pocos, también hay precedentes del Tribunal Fiscal sobre esa materia.

A estas alturas, es difícil prever si los contribuyentes que aún se encuentran omisos al pago de su impuesto considerarán esta opción como una oportunidad o no, pero con la publicación de la norma tendrán que efectuar su análisis costo-beneficio al momento de tomar una decisión.

Considerando lo expuesto, si la norma se publica, el análisis que los contribuyentes omisos deben efectuar tiene que contemplar el escenario actual, las ventajas que este proyecto ofrece, el costo de oportunidad en caso de que exista un planeamiento familiar o sucesorio y la situación particular de cada persona o familia.

(...) es difícil prever si los contribuyentes que aún se encuentran omisos al pago de su impuesto considerarán esta opción como una oportunidad o no, pero con la publicación de la norma tendrán que efectuar su análisis costo-beneficio al momento de tomar una decisión.

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