Dicen que las oportunidades para aprender en una crisis son enormes debido a que estas situaciones tienen esa capacidad para evidenciar las debilidades que tenemos y los aspectos que pueden ser mejorados. En esta crisis sanitaria se han destapado varios temas pendientes, tales como la deficiencia de nuestro sistema de salud, el limitado avance en la modernización educativa, la falta de inversión pública para el acceso a servicios básicos, entre otras agendas pendientes.

Uno de los aspectos que se ha evidenciado es el bajo nivel de inclusión financiera que tiene el Perú. Aspecto que debería llamar la atención considerando que, desde hace 8 años, el Estado Peruano ya había tomado la decisión de priorizar la inclusión financiera en la agenda nacional[1].

De hecho, en línea con este objetivo, en el 2014 se oficializó la conformación de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera como un órgano que tuvo como principal encargo el diseño, la implementación y el seguimiento de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

La ENIF fue aprobada en el 2015[2] y reemplazada en agosto del año pasado cuando se aprueba la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), la cual reconoce la existencia de una población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de calidad, lo que “limita el desarrollo económico y financiero del país, en detrimento del bienestar de la población”.

El Decreto Supremo, que crea el PNIF[3], dispone la elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de dicha política, el cual según declaraciones de funcionarios del MEF realizadas en octubre del año pasado[4], se tendría listo para el primer trimestre del 2020. Sin embargo, llegó marzo y sucedió lo que todos ya conocemos.

Con la crisis, la necesidad de contar con un acercamiento de los ciudadanos a los servicios financieros ha sido evidente. Los resultados han sido: problemas para identificar a familias vulnerables para que reciban ayuda estatal o incluso privada, largas colas para acceder a los pagos del Estado incrementándose el riesgo de contagio, pequeños productores que no pueden vender sus productos, el uso del efectivo como medio de contagio.

Ninguna encuesta nos podría haber mostrado mejor cuán lejos todavía nos encontramos. Sin embargo, veamos algunas cifras. Al 2019, sólo el 41.3% de la población mayor a 18 años contaba con una cuenta en el sistema financiero, lo que revela que la mayor proporción de la población todavía no se encuentra incluida. Si bien, tal como se observa en el siguiente gráfico, cada vez más población tiene acceso, el crecimiento ha sido reducido. Así, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el acceso a los servicios financieros ha pasado de 33.1% a 41.3% entre el 2015 y el 2019.