Por otra parte, no se legisló en materia de donaciones. Esta fue otra oportunidad perdida. Se sabe que en nuestro país donar es caro y por qué, porque donar puede costarle al contribuyente formal 29.5% del IR más del 18% del Impuesto General a las Ventas.

Tales consecuencias en el contexto normal pueden hallar sustento en la mecánica que rige cada uno de los referidos tributos, pero, disculpen la insistencia, estamos en un contexto excepcional, por lo que lo general no cumple su función.

Es cierto que hay regímenes especiales para canalizar las donaciones y no verse afectados de forma negativa, pero hubiera sido muy importante que se revisen para simplificar y permitir a quienes desean donar dinero o bienes, lo hagan con la tranquilidad de que no serán luego afectados tributariamente.

He dejado para la parte final el aspecto, en mi opinión, de mayor relevancia. Se trata de la limitación a los gastos de financiamiento.

Como sabemos, en el caso de los gastos para poder deducirlos tributariamente hay que demostrar que son incurridos para el desarrollo de una actividad empresarial generadora de rentas de tercera categoría (Principio de Causalidad).

No obstante, en determinadas situaciones expresamente señaladas por la Ley, aun cuando se pueda demostrar la causalidad, la deducción del gasto no es permitida. Lógicamente, esta situación no es usual y persigue fines específicos como evitar que se erosione deliberadamente la base imponible.

Precisamente, los gastos de financiamiento se encuentran sujetos a la regla conocida anteriormente como “Thin Capitalization”. Esta regla en su versión original en nuestro ordenamiento limitaba la deducción de los intereses de créditos otorgados por partes vinculadas cuando se superaba el límite de endeudamiento equivalente a tres veces el patrimonio neto del deudor al cierre del año anterior.

Sin embargo, para el 2019 y 2020, se han incluido en esa limitación no solo a los endeudamientos con partes vinculadas, sino también a los que provienen de terceros independientes tales como proveedores, bancos, financieras y similares.

Cuesta mucho entender la incorporación de una regla de ese calibre en un país cuya realidad económica prima por ser informal.

Pero lo peor no viene por ese lado, pues a partir del 2021 la limitación del gasto financiero no estará definida por el patrimonio del deudor, sino por lo que se ha denominado como el “EBITDA Tributario”. Concepto que, aunque inspirado en el índice financiero, dista bastante de éste.

El “EBITDA Tributario” parte de la renta neta y se le restan las pérdidas tributarias para luego sumarle los intereses netos, depreciación y amortización. A esta base se le aplica el factor de 30% y “voila” se obtiene la cifra de intereses causales cuya deducción será admitida.

¿Y si no tuviste renta neta o tu pérdida es elevada?

Sencillo, no tienes gasto deducible fiscalmente[2]. 

Peor aún, cabe recordar que producto del COVID-19 y el gran golpe a la economía, el Estado de garantiza créditos a favor de los contribuyentes (Programa REACTIVA) para que puedan acceder a tasas de interés bajas.

Pero al mismo tiempo le dice al contribuyente[3], cuidado, cabe la posibilidad de que los intereses que pagues no sean deducibles.

Sin duda, inconsistente.

Este ha sido solo un breve repaso de ciertos aspectos de la coyuntura tributaria actual. Existen muchísimos aspectos de esta materia que pueden ser objeto de largo debate o comentarios. Por ahora, solo he querido dejar algunas ideas sobre los puntos ya mencionados.

Para finalizar, debe reconocerse que ningún Gobierno estuvo preparado para afrontar una crisis como esta y por ello hemos visto padecer a países del “primer mundo”.

Pero no por ello podemos dejar de tener un sentido crítico como contribuyentes, como sociedad que ha seguido y padecido los lineamientos dictados por el Gobierno, es nuestro derecho exigir y demandar medidas que sean efectivas.

Por ello, tengo el anhelo de que se emitan más dispositivos normativos que permitan realmente aliviar la crítica situación que se vive e impulsarnos hacia la senda de un crecimiento económico para toda la sociedad.

[1] Lo mismo me parece que ha sucedido en el caso de las resoluciones administrativas emitidas por la SUNAT.

[2] Mucho más se puede decir de la referida regla, incluso fuera del contexto COVID-19, pero el espacio nos gana, por lo que me comprometo a volver con algo más elaborado.

[3] A aquellos que aplique el inciso a) del artículo 37 de la Ley del IR (Régimen general del impuesto).