El recurso de anulación de laudo es la herramienta prevista en la Ley de Arbitraje peruana (Decreto Legislativo 1071) para controlar que los arbitrajes (i) se hayan realizado respetando el acuerdo entre las partes y (ii) respeten las disposiciones del ordenamiento peruano. En efecto, así lo explica el profesor Alfredo Bullard cuando describe los dos tipos de causales que están reguladas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje[1].

Se trata de un instrumento necesario para que exista cierto nivel de control, pero un uso desmesurado del mismo puede acabar burlando la efectividad de los arbitrajes. Justamente, si una parte obtiene un resultado desfavorable en el laudo, el recurso de anulación podría generar un incentivo perverso para que sea interpuesto solo con el ánimo de dilatar el cumplimiento de la decisión del laudo.

Atendiendo a lo anterior, la Ley de Arbitraje incluye algunas disposiciones para desincentivar un uso indebido de este recurso: (i) la presentación de una carta fianza como requisito para que se suspendan los efectos del laudo y (ii) la posibilidad de que las partes pacten determinados requisitos de admisibilidad para la interposición del recurso. En esta nota, nos queremos detener en el segundo de estos puntos.

El artículo 64.2 señala lo siguiente:

“El recurso de anulación debe contener la indicación precisa de la causal o de las causales de anulación debidamente fundamentadas y acreditadas con los medios probatorios correspondientes. Sólo pueden ofrecerse documentos. Las partes podrán presentar las copias pertinentes de las actuaciones arbitrales que tengan en su poder. Excepcionalmente y por motivos atendibles, las partes o la Corte podrán solicitar que el tribunal arbitral remita las copias pertinentes de dichas actuaciones, no siendo necesario el envío de la documentación original. Asimismo, el recurso de anulación debe contener cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo.” (énfasis agregado).

La regulación introducida en la Ley de Arbitraje actual les concedió mayor libertad a las partes frente a su predecesora, dado que la antigua ley de arbitraje (Ley Nº 26572) únicamente regulaba la posibilidad de que las partes incluyan la presentación de una garantía bancaria como requisito de admisibilidad del recurso de anulación[2]. Las partes ahora son libres de pactar cualquier requisito que estimen conveniente para salvaguardar la efectividad del laudo.

En principio, la regulación nos parece adecuada, pues las partes son quienes finalmente están en mejor posición para definir cuál es la mejor forma de garantizar el cumplimiento del laudo. No obstante, existe un escenario en el cual esto puede presentar algunas complejidades: los casos en los que la parte recurrente solicite la nulidad del laudo alegando que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz; conforme a lo previsto en el artículo 63.1(a) de la Ley de Arbitraje.

Dicha causal de anulación en esencia recoge situaciones en las que no existe un acuerdo de arbitraje, hay vicios en el mismo o el mismo no produce efectos aún. Es decir, casos en los que se presenta algún problema con la voluntad de someterse a un arbitraje. Siendo ello así, ¿cómo podríamos exigirle a una parte que presente un determinado requisito de admisibilidad previsto en un acuerdo de arbitraje que alegan que no existe o que está viciado?

Una alternativa podría ser considerar que lo establecido en la última parte del artículo 64.2 de la Ley de Arbitraje no es exigible en los casos en los que se alegue la causal prevista en el artículo 63.1(a). Sin embargo, creemos que esto generaría un incentivo perverso para utilizar dicha causal como una vía para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad pactados en el acuerdo de arbitraje. Una parte podría simplemente invocar la causal de inexistencia de convenio incluyendo cualquier fundamento superficial en aras de sobrepasar la etapa del análisis de admisibilidad del recurso sin tener que presentar ningún requisito de admisibilidad al que podría haber previamente consentido.