1. 2.          Financiamiento de Organizaciones Políticas

El segundo proyecto es el Proyecto de Ley 3186/2018-PE, el mismo que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Si bien es cierto la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas ya contemplaba la regulación del financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, con este cambio se introducen aquellas y otras disposiciones adicionales a la Constitución, norma con el mayor rango legal del ordenamiento jurídico.

De esta forma, el Ejecutivo busca que, a raíz de la fragilidad del sistema de partidos políticos en el país que a llevado a la poca institucionalidad partidaria y que ha dejado al descubierto grandes casos de corrupción a través del financiamiento privado de las organizaciones políticas, se incorporen parámetros de transparencia en el manejo de los aportes recibidos por los partidos políticos y así evitar ingreso de fondos de procedencia ilegal o de aportantes que busquen luego el retorno de favores políticos a cambio de aportes.

Las principales medidas que este Proyecto busca incluir en la Constitución son la prohibición de recibir aportes de fuente anónima, de origen ilícito y de condenados por delitos considerados graves como por ejemplo tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Además, el proyecto también incorpora algunas medidas adicionales como la presunción de ilegalidad de aquellos aportes no declarados, la obligatoriedad de que todos los aportes sean realizados a través del sistema bancario y la obligación de rendición de cuentas permanente no sólo al final sino también durante la campaña electoral.

En este punto es difícil encontrar argumentos negativos de la propuesta, ya que la misma apunta a que el sistema político electoral sea más transparente y que las reglas del juego no estén presentes sólo en una la Ley de Organizaciones Políticas (que, como se ha visto a lo largo de los últimos años, casi nadie cumple) sino en la Constitución Política del Perú, y de esa forma todos los ciudadanos y distintas autoridades podrán tener presente quiénes financian las campañas políticas en procesos electorales, acabando así con el misterio de los fondos de campaña, aportantes fantasma y maletines de dinero provenientes del extranjero.

Tomando en cuenta la coyuntura en Perú y en el resto de Sudamérica, resulta positivo que la regulación del financiamiento de organizaciones políticas esté presente en la Constitución. Es necesario desde hace varios años que exista transparencia sobre el origen de los fondos y la identidad de los aportantes en campañas electorales. No se debe permitir que los partidos políticos se conviertan en organizaciones destinadas al lavado de dinero o a su utilización como medio para insertar mafias en cargos públicos, y este debe ser sólo el primer paso para buscar institucionalizar a los partidos políticos en el país ya que sin ello no será posible tener una democracia sólida y representativa.

1. 3.          Prohibición de reelección inmediata de Congresistas

El último Proyecto es el Proyecto de Ley 3187/2018-PE, mediante el cual se pretende introducir una prohibición para que los Congresistas de la República puedan ser reelegidos de forma inmediata. En la actual Constitución del año 1993 no existe una limitación a la reelección de Congresistas, como si lo existe para el presidente o los Gobernadores regionales y alcaldes.

El Ejecutivo busca que esta prohibición pueda fortalecer la democracia y la transparencia en cargos de elección como el de Congresistas, evitando que éstos de enquisten en el poder a través del recambio de representantes de los distintos departamentos del país.

 Aun cuando exista una percepción general de disconformidad con los Congresistas y que cerca del 78%[2] de la población esté en contra de la reelección de congresistas, es necesario evaluar si en el Perú existe un sistema de partidos políticos sólido que pueda elegir candidatos al Congreso (de aprobarse las reformas a la Cámara de Diputados) cada cinco años y que éstos pasen todos los filtros necesarios antes de ser seleccionados como candidatos al Congreso. El riesgo de no permitir la renovación es que cada cinco años se elegirá un Congreso conformado por inexpertos o emprendedores políticos que verán en su elección la posibilidad de ostentar poder para fines distintos a los cuales fueron elegidos. Tampoco será atractivo para personas preparadas y capacitadas que quieran hacer carrera política desde la Cámara de Diputados. Una mucha mejor propuesta hubiera sido la de la renovación por tercios del Congreso acompañada de la eliminación de inmunidad parlamentaria.

Como se puede observar, incluso la tendencia a la reelección de congresistas ha disminuido en los últimos años, por lo que parece que este proyecto podría haber llegado algo tarde. El proyecto para prohibir la reelección de congresistas si bien puede ser popular debe ser ajustado a la realidad de los partidos políticos del Perú. Existen otros mecanismos para mejorar la calidad de los miembros del Congreso sin necesidad de prohibir que pestos sean reelegidos.

Habrá que esperar el debate que se generará en el Congreso para determinar si los proyectos son aprobados y pasan a la consulta popular. Lo cierto es que en esta coyuntura se deben aplaudir estos intentos de reforma estructural del sistema político y judicial, sobre todo después de haber transcurrido décadas y de haber sido testigos del paso de gobiernos que fueron débiles y no cumplieron con introducir reformas importantes que, aun cuando eran evidentes, fueron esquivadas y guardadas en el fondo del baúl. Pequeños grandes pasos hacia un Estado institucionalizado y verdaderamente democrático.