Hace algunas horas llegué a Lima después de unos días de vacaciones familiares en México. Mi llegada estuvo acompañada por una profunda tristeza que hasta ahora imprime su lúgubre tono en mi alma y la confundo con la melancolía del fin de las vacaciones. Lima me parece más oscura de lo habitual, siento un frío descomunal, tengo la mirada perdida y el desgano habita mi cuerpo. Sin embargo, luego de un momento en redes sociales, logro identificar la raíz de mi sentir: ¡todo está hecho un desastre!

Eso que confundí con melancolía es, en realidad, algo muy parecido a lo que deben sentir los que se ahogan. La desesperación de no poder respirar está también presente en mí. La impotencia de no poder hacer nada al respecto y el pensar en que, quizá, nunca nadie podrá hacer nada al respecto, agravan mi situación. Nunca fui aficionado a la incertidumbre y hoy no hay palabra que resuma mejor nuestro panorama. Y creo que es un sentir que comparto con un gran número de peruanos a quienes la euforia futbolística por haber llegado luego de 36 años a un mundial nos colocó en lo más alto de una feliz algarabía colectiva y ahora nos estrellamos contra el suelo helado.

Pienso en que la idea central del capítulo introductorio del libro Ciudadanos sin república del profesor Alberto Vergara tiene hoy más vigencia que nunca. Y es que el panorama actual es prueba viva del olvido de la promesa republicana.

Vergara nos recuerda los rasgos distintivos de la República, explicada como «la libertad por la vía del autogobierno», e identifica tres elementos centrales. En primer lugar, «un orden fundado en la igualdad de los ciudadanos». Hace referencia, aquí, al mandato consagrado en el inciso segundo del artículo segundo de nuestra Constitución: la igualdad ante la ley. Evoca el famoso l’égalité des conditions de Tocqueville, y contiene un deber tan básico­­― pero tan olvidado― del Estado: el vernos a todos los ciudadanos como justamente eso: ciudadanos iguales. También recuerda la máxima de los liberales franceses, quienes sentenciaban que sin igualdad es imposible ejercer la libertad.

En segundo lugar, «el orden republicano es uno comandado por la ley y por unas instituciones legítimas». Y, en el Perú, ¡qué tan alejados andamos de ello! Gonzalo Portocarrero afirmaba, en un reciente artículo publicado en El Comercio, que en nuestro país prima una normatividad mucho más fuerte y definitiva que la formal. Se trata de una normativa que coloca al interés particular por encima del general, que permite que las sentencias del Poder Judicial sean negociadas, sirviendo a intereses privados, que miembros de una banda delincuencial con fachada de partido político gocen de un curioso blindaje. Y que también se evidencia en niveles mucho más cotidianos como las coimas al policía de tránsito o a la autoridad administrativa. En el Perú, crear ministerios y entidades burocráticas pareciera ser deporte nacional, sin embargo, de nada sirve si nuestra institucionalidad es sólo de papel. Más bien, así las cosas, un Estado tan extenso en papel es una oportunidad que ofrece todas las condiciones favorables para la corrupción. Hoy, pues, no hay razones para no sospechar que ese cáncer ya hizo metástasis en todos los niveles del Estado.

Por último, dice Vergara, «la República sana requiere confianza entre los ciudadanos y entre los grupos de ciudadanos» y, por consiguiente, confianza hacia nuestras autoridades. ¿Cómo podemos, entonces, hablar de República si la aprobación de la ciudadanía hacia el Congreso es ―y no sin razón― tan paupérrima? ¿Cómo podemos hablar de República si nuestra clase política ostenta una credibilidad tan mermada? ¿Cómo podemos hablar de República si tenemos un sistema de justicia tan corrupto? ¿Cómo podemos hablar de República si para cierto partido político el Perú no es más que su chacra?