No comprendemos, más aún, la lógica que sigue nuestra Comisión de “Justicia y Derechos Humanos” (las comillas son intencionales) que emite consideraciones en su Pre dictamen como la siguiente: “los Estados deben asegurar que las parejas del mismo sexo reciban, en esencia, análogo tratamiento y tengan derecho a las mismas prestaciones que las parejas heterosexuales” [1]; y, acto seguido, mandan al archivo el proyecto de Unión Civil que y aprueban el de la Unión Solidaria. He aquí la prueba clara y concisa que los miembros de dicha Comisión, como muchos de nuestros congresistas, actúan en base a intereses políticos y personales y no con fundamentes de hecho y derecho.

“El concepto de familia constitucionalmente protegido no abarca, de forma exclusiva, tan solo a aquellas derivadas de la unión matrimonial o a aquellas conformadas por parejas heterosexuales. Por tanto, las uniones afectivas de pareja entre personas del mismo sexo, fundadas en el amor, el respeto y la solidaridad, y con vocación de permanencia, sí constituyen una opción de familia válida bajo los preceptos constitucionales vigentes. Consecuentemente, el Proyecto de Ley que establece la Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo permite la concreción del derecho de tales parejas a fundar una familia, y corresponde al Estado brindarles protección.”[2] De esta manera, la Comisión reconoce explícitamente a la Unión Civil como medio idóneo para reconocerles los derechos a este grupo e la población.

En palabras de la congresista Martha Chávez, la Unión Civil no es viable ya que las consecuencias de las relaciones homoafectivas no son “asemejables” a las heterosexuales. Es aquí donde nace nuestra duda: y, ¿son asemejables, entonces, a relaciones aún más imprecisas como plantea la Unión Solidaria? La realidad, a ciencia cierta, demuestra todo lo contrario. Los efectos de las uniones de hecho heterosexuales son totalmente importables a las relaciones homosexuales, como lo ha reconocido la propia Comisión, expuesto anteriormente. Lo que no es “asemejable” es la radical diferencia entre el matrimonio o unión de hecho (heterosexual u homosexual), es decir, una relación afectiva/sentimental estable; con relaciones de naturaleza distinta, irrelevantes para el derecho, como las que plantea la Unión Solidaria.

La unión solidaria no tiene nada de solidaria. Más aún, parece reflejar todo lo contrario. La discriminación es manifiestamente evidente. Se hace una injustificada diferenciación al regular de manera distinta las relaciones afectivas de parejas homosexuales vía este proyecto, frente a las normas que rigen las heterosexuales ya establecidas. El Estado no está reconociendo de manera efectiva las situaciones jurídicas subjetivas de un grupo de personas, únicamente por la causal de su orientación sexual. Y todo, por querer ponerle una “etiqueta” que suene más agradable a la sección religiosa-conservadora que, desgraciadamente, sigue presente en nuestra política. Gracias, Marthita, por tu creatividad siempre presente. La unión solidaria no tiene precedente alguno en la historia de la humanidad.

En conclusión, creo que nadie hubiera podido hacer mejor incidencia en este punto que la Suprema Corte de Justicia de México hace unos días al establecer que “ (…) negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran «ciudadanos de segunda clase», lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.”[3]