El MEF, por su parte, fue más enfático al advertir que la norma generará efectos nocivos sobre la seguridad social. Por un lado, sostuvo que “los servicios brindados por EsSalud se contraerán dado que se contarán  con menos recursos provenientes de las contribuciones de los empleadores, lo cual afectará la calidad y oportunidad de las atenciones en detrimento de los asegurados y sus familias”. Por otro lado, indicó que en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP) se ocasionará un desbalance de 4411 millones de dólares debido a una menor recaudación; y que para el Sistema Privado de Pensiones (AFP) dicha medida implicaría una pensión menor en cerca de 14%.

Como vemos, las cifras no parecen nada alentadoras y la situación actual de EsSalud es, por decir lo menos, deplorable. Así, Macroconsult sostiene que el Seguro Social de Salud para este año tiene un déficit estimado de 14,000 camas para alcanzar un estándar similar al promedio de la región. Asimismo, hay un marcado déficit de recursos humanos de 11,600 médicos y 37,400 enfermeras[3]. Pero, a todo esto, ¿Cuál es la solución? El informe de la OIT recomendó que, siempre y cuando la exoneración de las aportaciones a las gratificaciones continúe más allá del 2014, la prima media de contribución que ahora está en 9.70% tendría que elevarse a 10.38%.

Con prescindencia del panorama económico financiero explicado en las líneas que preceden, lo cierto es que existe un trasfondo legal que no pasa inadvertido. Y es que a estos efectos resulta imperioso poner en el tapete la implicancia del carácter remunerativo de las gratificaciones para determinar su tratamiento tributario. Este es un nuevo ring de box.

Hay quienes apelan a un criterio histórico para sostener que las gratificaciones legales tuvieron su origen en un aguinaldo a título de liberalidad y no en una remuneración por los servicios prestados, por lo que este concepto no debería estar sujeto al pago de tributos, seguros y fondos de pensiones. Sin embargo, existe otro sector que considera que las gratificaciones no son un bono, sino una remuneración adicional al sueldo básico por mandato de ley, cuyo otorgamiento encuentra su justificación en el mayor nivel de gasto que existe por Fiestas Patrias y Navidad[4]. Este es el verdadero punto de partida de lo que se venía explicando hasta ahora.

Finalmente, no se niega la vital importancia de dinamizar la economía en un contexto de desaceleración, pero sí es reprochable dejar la solución en manos del pragmatismo político y cortoplacista que tanto ha caracterizado a este gobierno. En unos meses encontraremos quizás mayor consumo de lo esperado, pero en unos años el costo social será invaluable y se traducirá en menores pensiones y peores atenciones médicas con las que ni el Estado ni los trabajadores podrán lidiar.