El pasado miércoles, en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el presidente de la Confiep, Roque Benavides, transmitió un mensaje con un tufillo de victimización que no fue bien recibido por las redes sociales. No es la primera vez que Benavides efectúa declaraciones que, si no conociéramos su trayectoria de constantes disparates, podrían hacernos pensar que su percepción de la realidad sufre algún tipo de distorsión. Sin embargo, su declaración encendió tan rápido la olla donde se hierven los reproches por haber utilizado un arma que está de moda entre quienes parecen tener mucho que esconder: la apelación al escudo de la persecución política. “No seamos ingenuos, hay una campaña de destrucción del sector privado, acá hay una persecución”, dijo en el primer día de la CADE.

Diversos analistas políticos han concluido que se trata de un error de comunicación, pues, en realidad, el empresariado, en su gran mayoría, sí parece estar dispuesto a erradicar desde sus trincheras la lacra de la corrupción. No obstante, cae mal, pues, que el propio presidente de la Confiep azuce la paranoia de persecuciones sarracenas, especialmente luego de dos semanas en las que el pedido de asilo político del investigado expresidente Alan García ―sustentado en la persecución de la que dice ser víctima― ha ocupado las portadas de los diarios.

Asimismo, el mensaje de Benavides abona en las fundadas sospechas que levantó el descubrimiento del pago de 200,000 dólares a la Confiep por parte de Odebrecht durante la elección de 2011. Si bien el gremio trató de explicar que el aporte fue en virtud de una campaña publicitaria en favor de la defensa de la inversión privada frente a la amenaza que, en aquéllas épocas, significaba la eventual victoria de Ollanta Humala, no podemos dejar de dudar del tono a favor de la candidatura de Keiko Fujimori que podría haber tenido dicho pago.

Si bien es legítimo sostener sospechas sobre ese caso en particular y sobre todos los casos de corrupción que involucran a empresas privadas ―a las que Benavides pretendía alcanzar con su discurso paranoico al haberse referido al “empresariado”― son conclusiones que le corresponderá efectuar únicamente a un juez de Derecho, y no al presidente de la Confiep, ni al resto de asistentes a la CADE, ni a ningún poder político.

Por otro lado, el mensaje de Benavides es completamente irresponsable si recordamos que, según Ipsos Perú, el 71% de los empresarios es percibido como corrupto. Asimismo, de acuerdo con la quinta Encuesta Global de Fraude realizada por EY, el 82% de los ejecutivos consultados reconoció que las prácticas corruptas están muy extendidas en el empresariado peruano. Además, el estudio muestra que el 16% de ejecutivos peruanos ha estado involucrado en un “fraude significativo” y que el 24% de los empresarios menores de 35 años justificaría pagos en efectivo ilícitos para ganar o retener contratos.

Es un panorama, por decir lo menos, preocupante, ante el cual se esperaría una respuesta alturada por parte de quien debería liderar un cambio en favor de la transparencia en el empresariado peruano. Si el señor Benavides, por su falta de liderazgo, no es capaz de emprender semejante tarea, al menos debería quedarse sentado y dejar de enriquecer su antología de disparates.